El Ejército Nacional compró, pero todavía no puede utilizar, unos 89 vehículos Agrale Marruá —que adquirió a través de una licitación pública realizada en febrero de 2025— dado que su circulación contraviene un decreto de mayo de 2021 referido a la calidad del aire, que ahora el gobierno de Yamandú Orsi modificará.
Se trata de 84 vehículos todoterreno y cinco ambulancias, según detalla la licitación pública.
La adquisición fue por más de US$ 9 millones, al valor de 2024, según la resolución de compra firmada por el entonces ministro Armando Castaingdebat y el expresidente Luis Lacalle Pou.
El caso de estos vehículos había sido informado en primera instancia por TV Ciudad, que días atrás señaló que los todoterreno se encontraban retenidos en una aduana de la frontera.
El decreto en cuestión, que ahora el Poder Ejecutivo modificará, se emitió el 4 de mayo de 2021 y en su artículo 44 hace referencia a las excepciones a la normativa.
Allí se establece: "Los estándares de emisión de fuentes fijas no serán de aplicación a aquellos vehículos que ingresen al territorio nacional en forma transitoria, sea para competencias, exhibiciones o con destino a proyectos experimentales para evaluación de tecnologías. El Poder Ejecutivo podrá establecer otras excepciones temporales".
Para todos esos casos contemplados en el artículo se requiere la "autorización temporal del Ministerio de Ambiente".
En el artículo, sin embargo, no se establece una excepción específica de los vehículos militares.
En las últimas horas, el presidente de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, León Lev, informó a sus correligionarios sobre los avances por este tema.
Señaló, según el mensaje al que accedió El Observador, que el Ministerio de Industria ya había homologado los vehículos y que ahora estaba en trámite la "homologación de Ambiente vía decreto de excepción por tratarse de vehículos militares y en general saliendo para misión de paz donde los estándares cambian".
El pliego de la licitación del Ministerio de Defensa Nacional que derivó en esta adquisición estableció la necesidad de contar con "vehículos tácticos multipropósitos y ambulancias tácticas" para el Comando General del Ejército.
A la licitación se presentaron varias empresas, pero solo una —tras el análisis de Defensa— estaba en condiciones de cumplir técnicamente con lo solicitado.
