El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó junto a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la resolución para cesar a Graciela Figueredo, asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, que había sido cuestionada por la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, dado que defendió a represores de la dictadura.
La resolución con fecha de este miércoles 3 de junio señala que Figueredo, además, participó en un encuentro con eruodiputados de ultraderecha denominado "El caso de Uruguay: ¿interferencia de la Unión Europea en los procesos democráticos extranjeros?".
Esto, señala la resolución, supone una violación al artículo 77 de la Constitución de la República que señala que los militares en actividad deberán "abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".
Figueredo reviste la calidad de reservista suboficial mayor en situación de retiro.
El cese de esta abogada había sido reclamado por la organización Madres y Familiares, que había expresado preocupación por esta designación, firmada semanas atrás por la ministra Lazo.
A raíz de estos reclamos, el Ministerio de Defensa Nacional había aclarado que se encontraba revisando el nombramiento y, poco después, la ministra Lazo publicó un video en sus redes sociales en el que reivindicó la búsqueda de detenidos y desaparecidos, al tiempo que sostuvo que "ejercer la autoridad" también es "corregir" decisiones.
