Las luces largas

Que el gobierno deba conducir en la oscuridad que provoca el coronavirus obliga a encender las luces largas para visibilizar el país poscovid-19 y poder ver el trayecto con amplitud.

Martinelli cree que “prender las luces largas” para “mirar el día después” de la emergencia sanitaria supone aumentar en la próxima ley de presupuesto, que ingresa al Parlamento en agosto, más recursos económicos al Mides.

Es frecuente que en la instancia presupuestal algunos ministerios, organismos autónomos o la Justicia –hasta las intendencias-, reclamen aumentos presupuestales. Pueden ser reclamos comprensibles –como seguramente lo es el planteo de las autoridades del Mides-, pero que el Poder Ejecutivo no puede atender por limitaciones fiscales que comprometen el futuro inmediato.

Sin la irrupción del coronavirus, el Poder Ejecutivo ya tenía las cuentas públicas muy frágiles, pese a lo cual está haciendo un enorme esfuerzo fiscal para atender situaciones de emergencia derivadas de la cuarentena voluntaria y el distanciamiento social.

El mensaje del equipo económico de cara al proyecto presupuestal es que no se pueden redistribuir recursos que no se tienen.

Según el último dato disponible, el déficit fiscal del sector público consolidado se ubicó en 4,6% del Producto Bruto Interno (PIB), luego de descontado el efecto “cincuentones” en los 12 meses finalizados en abril.

En ese contexto, la carretera fiscal oscura requiere de luces largas bien potentes; de una buena iluminación del vehículo del Estado depende la mayor o menor fortaleza en la etapa de recuperación.

Y esto es particularmente dramático en el área social, cuyo financiamiento está estructuralmente atado a la evolución del PIB ante la falta de políticas anti cíclicas que siempre dependen de la buena gestión fiscal en tiempos de bonanza.

Ese es, en parte, el sentido de establecer una regla fiscal como propone la ley de urgente consideración, aprobada esta semana en el Parlamento.

La regla fiscal contribuye a la estabilidad macroeconómica, favorece la credibilidad ante los agentes económicos y establece un límite a la discrecionalidad política en un país en que el comportamiento del gasto público suele acompañar el ritmo electoral.

Y, pensando en el tiempo poscovid-19, un aumento del gasto en la ley de presupuesto sería una contradicción en relación a la idea de una política fiscal reglada que rompa la perversidad de un gasto social dependiente del ciclo económico.

¿Qué beneficios pueden recibir las familias más desfavorecidas o qué factibilidad tienen planes sociales de equidad desde un Estado con cuentas públicas frágiles?

La regla fiscal es una oportunidad histórica para cambiar la pisada e incluso para poder proyectar otras reformas en el mismo sentido.

Como dijo en el Parlamento la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en mayo pasado, es la política fiscal la que otorga estabilidad y previsión a las políticas sociales.