Gran Bretaña recibe por estos días nuevas presiones por Gibraltar, un enclave que está en una situación similar a la de las Malvinas porque dos países se disputan el territorio y sus habitantes prefieren la autonomía y, en todo caso, la dependencia de la corona británica y no de la española.
El conflicto que ahora enfrenta a David Cameron con Mariano Rajoy comenzó hace dos semanas, cuando desde el Peñón empezaron a tirar al mar bloques de hormigón para construir un arrecife artificial. El propósito del territorio británico es reactivar la pesca en la zona; para ello busca impedir que crucen los barcos de calado más profundo, una práctica similar a la que está difundida en la región, pues al lado de Gibraltar, pero en territorio español hay desde 2006 una barrera similar.
La acción de los lugareños fue interpretada como una provocación para España, que los acusó por “violación del derecho internacional en aguas españolas”, “violación del derecho de la Unión Europea y sus normas medioambientales”, “delito medioambiental” y “delito penal”. El argumento español es que Gibraltar tira al mar bloques de hormigón “con pinchos de acero” para evitar que los pescadores españoles puedan trabajar.
Sin aceptar que se trata como una medida de represalia pero en una evidente coincidencia de tiempos, hace una semana España reaccionó como no lo hacía desde la época del general Francisco Franco, según el juicio de los propios llanitos (es lo mismo que gibraltareños), que recordaron el cierre de fronteras de 1969.
Resulta que ahora se decidió aumentar los controles de entrada y salida que se hacen en la reja que separa al territorio de España, con lo que los turistas y trabajadores que usualmente cruzan están haciendo hasta seis horas de fila. El argumento oficial para semejantes controles es que Gibraltar no pertenece al llamado espacio Schengen –de libre circulación de personas entre los países europeos adheridos– y entonces es necesario realizar controles para, además, vigilar la evasión de divisas, el contrabando y el fraude fiscal.
Además, el domingo en una entrevista publicada en el diario ABC el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo adelantó que su gobierno evalúa cobrar una tasa de € 50 a los vehículos que crucen la frontera del Peñón.
También se analiza la posibilidad de cerrar la frontera para cualquier material que se pueda usar para construir el arrecife, además de cerrar el espacio aéreo y reformar las leyes de juegos y apuestas –negocio muy extendido en Gibraltar– para que las empresas que operan en España desde allí tengan que pagar impuestos a Madrid.
Pero la primera medida, la de cobrar una tasa, fue la que causó “preocupación” a Cameron y lo llevó a llamar a Rajoy.
Según trascendió, ayer el español se comprometió a reducir los controles en la frontera y esto llevó al canciller inglés William Haugue a “saludar el compromiso”, en una misiva a su par de Madrid. Los dos apoyan una “solución diplomática”, según un comunicado divulgado ayer.
Entresijo jurídico
El conflicto lleva sus años y es difícil imaginarse cuál sería esa “solución diplomática” que los cancilleres van a buscar, después de años de negociaciones, estrategias y disputas. A esta altura –tal como sucedió con las Malvinas, en disputa con Argentina– los países implicados probaron de todo.
Por ejemplo, hubo un tiempo de mayor dureza y enfrentamiento en la época de Franco, con fronteras cerradas y reclamos ante la ONU. En 1967 los llanitos se pronunciaron a favor de seguir siendo británicos (como hace unos meses en las Malvinas) y en la época de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) las tres partes llegaron a sentarse en la misma mesa para esbozar su futuro.
Desde España varios denunciaron esta situación como “un disparate”, pues no había lugar para ubicar a Gibraltar a la misma altura que los dos países soberanos.
Legalmente, ese territorio de siete kilómetros cuadrados es “un derecho adquirido mediante un pacto”. Era español pero fue ocupado por los ingleses en 1701, en plena guerra de Sucesión. Unos años más tarde –en 1713– los españoles cedieron la zona a Gran Bretaña mediante los Tratados de Utrecht, por los que se puso fin a la guerra que enfrentaba a las coronas europeas y se le asignó a cada una de ellas su territorio (incluso Colonia del Sacramento, tomada por los españoles, volvió por este pacto a manos portuguesas). Más de un siglo más tarde, en 1830, Gran Bretaña le dio a la zona el estatuto de colonia, el mismo que tienen las Malvinas.
El detalle es que, además del malestar que hay en España por haber perdido ese territorio, en Madrid reclaman su soberanía sobre las aguas que lo rodean, algo que –argumentan- no fue cedido en los pactos de Utrecht porque en ese momento ni siquiera existía la figura jurídica que las definiera.
Cortina de humo
Los lugareños parecen haber desarrollado una flema particular que les hace darle poca relevancia a lo hablan los políticos de los países en pugna. En las dos consultas populares que hubo sobre la preferencia de los gibraltareños los resultados fueron aplastantes y a eso se aferran: en 1967 el 99,6% prefirió la soberanía británica frente a la española y en 2002 el 98,5% rechazó que los dos países compartieran la soberanía del lugar. En semejante coyuntura, no faltan los personajes como Charles Gómez, un abogado que recientemente dijo al diario El País que intuía un inminente ataque español. “Estábamos convencidos de que después de lo de Bárcenas y la situación de Rajoy en el Parlamento nos llegarían las bofetadas”, comentó.
Tito Vallejo, historiador y guía turístico del lugar, también opinó algo similar a ese mismo diario. “Gibraltar es el pegamento mágico que mantiene a España unida. Cada vez que hay problemas en España, se usa el conflicto con el Peñón para taparlos”, comentó.
Y, como alguien ducho y con amplia experiencia ante este tipo de situaciones, remató: “En Gibraltar estamos acostumbrados a la presión de España”.
