Las propuestas para que delitos en cárceles lleguen a la Justicia

“Nosotros no podemos llamar a un juzgado o a un fiscal para decirle que un recluso boqueteó la celda, salió e hirió a otro recluso de otro módulo, porque capaz que en ese momento el fiscal está atendiendo una rapiña o un homicidio, por lo que esa denuncia, normalmente, queda en nada (…) Ese es el respaldo jurídico que necesitamos, que se cree una fiscalía de asuntos penales porque, como digo, la única forma de educar es esa: ‘no podés romper, porque si rompés vas a tener problemas’. Si ellos hacen esas cosas adentro de las cárceles, imaginen afuera de las cárceles, en la calle ellos dicen: ‘voy a robar, total no me van a agarrar’. Es más fácil irse”, justificó el delegado para las cárceles de SUPU, Sergio Seriani, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador. Actualmente, los homicidios son investigados por la Fiscalía de Homicidios o por la Fiscalía de Flagrancia que esté de turno.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) no tiene laudado el tema en la interna del gremio. Pero su presidente, Willian Rosa, señaló que a los representantes del Ministerio Público les es complicado investigar dentro de la cárcel. “Nos ha pasado de situaciones que nos la comunican la primera vez y parecían muy sencillas, pero después nos enteramos que eran hechos gravísimos (...) La persona no sabe quién es que lo agredió. Si de 10 llamadas, en 9 te dicen algo, vos igual no sabés si eso realmente pasó, o no le están dando trascendencia”, explicó. Aclaró que los fiscales no suelen visitar el lugar, debido a que necesitan entrar con una estructura de seguridad que los proteja, y eso es un problema. “Uno no puede hacerse la composición de lugar. Ir y mirar con los propios ojos de uno”, expresó. El comisionado carcelario Petit había recomendado su creación en el informe anual que realizó al Parlamento en 2020. Allí describió que cuando un preso está amenazado por otros y quiere hacer la denuncia, se labra un acta. Sin embargo, esa acta es usualmente realizada por los propios funcionarios de la guardia o de la cárcel.

Además, el informe dice que, por miedo, muchas veces no denuncian la situación. En ese sentido, Petit solicitó que las actas fueran tomadas por el área jurídica de la unidad carcelaria. Señaló también que había “importantes carencias” para recoger información y para detectar de manera temprana posibles conflictos. Se verificaron situaciones en las que en un mismo día, en el centro médico  registraban “muchísimos casos más” que de los que tenía noticia la dirección de la unidad. En uno de los casos, la relación era de 10 a uno y en otro de tres a uno.

En ese entonces recomendó, además, “fortalecer la capacidad investigativa” del Instituto Nacional de Rehabilitación “con un cuerpo jurídico potente que pueda investigar, esclarecer y eventualmente sancionar, con independencia del trámite judicial que puedan tener los hechos denunciados, los casos de abusos o irregularidades”.

En diálogo con El Observador, volvió a defender la propuesta. La intención es “que la fiscalía que intervenga ya conozca el mapa. Ya sepa qué ocurre en la unidad, quién la dirige, qué tipo de internos hay, cuál es la mecánica. Que conoce el terreno, que no tiene que empezar de cero cada vez”, explicó.  Dijo además que es deber del Estado dar por seguro los derechos y obligaciones de los presos. Garantizar que “el sistema no sea un agujero negro, que sea parte del Estado. Parte de las políticas sociales también es el derecho a la Justicia”, sostuvo.

Las adherencias

Si bien cuando regía el anterior Código del Proceso Penal se había propuesto la creación de un juzgado penitenciario y quedó por el camino, el informe del comisionado y el reclamo sindical lo vuelve a poner sobre la mesa. “Es una propuesta relativamente nueva, la he hablado informalmente con jueces y fiscales. Hay buen clima, es un tema de recursos y de prioridad de los recursos”, dijo Petit.

Según supo El Observador, tanto el fiscal de Corte, Juan Gómez, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, son afines a la propuesta. Pero el problema es presupuestal.

En oportunidad de la Rendición de Cuentas, la Fiscalía pidió aumentar a $ 103 millones las partidas destinadas a gastos de funcionamiento hasta 2024. En inversiones, el aumento solicitado fue de $ 18 millones. Aunque el presupuesto no es trasladable exactamente porque hay varios factores a tener en consideración –entre ellos la cantidad de funcionarios, de qué preparación tengan y otros aspectos–, cuando en 2020 presentaron la ley de Presupuesto, estimaron que una nueva fiscalía penal en Montevideo podía tener un costo anual de más de $ 8 millones.

Puertas adentro de la cárcel

Entre amenazas, estafas, heridas cortopunzantes y tranzas, pasan los días en la cárcel. Y la certeza de que “si denunciás, vas a tener consecuencias”.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom, gremio con más de 11 mil socios en todo el país), sostuvo que la mayoría de estos temas “están naturalizados” en cárceles complejas.

“Insultados, pasás por el módulo y te tiran con orina caliente o te caes en las cloacas porque pasa el policía a revisar que esté todo en orden. Es traumatizante trabajar en cárceles. Entregan la vida ahí adentro, no hay las condiciones mínimas de dignidad para trabajar (...) El interno está mal y el policía está mal. Acá no hay ninguno que esté bien”, expresó. Además, explicó que debido a la falta de funcionarios –razón que en su opinión genera la mayoría de los problemas penitenciarios– la policía debe ocupar el rol de rehabilitador, cuando no están formados para ello.

Sifpom y la otra propuesta para solucionar los problemas carcelarios

Para Sifpom, el problema penitenciario debe abarcarse a lo grande y para ello propusieron la creación de un Ministerio de Justicia. “Sería un cambio radical en la gestión carcelaria del Uruguay, quizá el más importante y vanguardista de la historia”, dijo el abogado del sindicato, Andrés Ojeda.

El ministro Heber, se mostró en diversas declaraciones públicas favorable a esta posición.  Legisladores del Frente Amplio también dieron un visto bueno preliminar. Pero el debate termina reduciéndose a lo mismo: el presupuesto. Un ministerio, con la estructura que conlleva, es sensiblemente más caro que una nueva fiscalía. Pero Ojeda discrepa porque este ministerio en particular sería creado a partir de diferentes oficinas y dependencias que ya tienen presupuesto en otros organismos.

Por otra parte, ve inviable la creación de una nueva fiscalía especializada. Recordó que años atrás ellos habían desandado ese camino cuando le pidieron al exfiscal de Corte, Jorge Díaz, una fiscalía particular para temas policiales. Ante una eventual negativa, pidieron que se le diera la especialización a una fiscalía ya existente o se habilitara un 0800 para denunciar hechos de corrupción policial o penitenciaria, pero finalmente nunca se llevó a cabo. Destacó que la nueva Fiscalía de Delitos Económicos anunciada este viernes trae consigo años de reclamos.