Las razones que llevaron a postergar cinco declaraciones de víctimas en Operación Océano

La prueba anticipada es un recurso previsto por el nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017, y se aplica para las víctimas de delitos sexuales y menores de 18 años. Las personas pueden declarar frente a un juez antes del inicio del juicio oral –y tener el valor de prueba–, a solicitud tanto del Ministerio Público como por los abogados defensores, las víctimas o incluso sus familiares.

En esta indagatoria, que ya lleva ocho meses de investigación y en la que de momento fueron imputadas 33 personas por distintos delitos sexuales cometidos contra menores, ha sido la fiscal Viera la que ha requerido las declaraciones en al menos cuatro oportunidades de cuatro víctimas distintas, pero por distintas razones se han cancelado.

La audiencia que iba a tener lugar este lunes fue prorrogada a pedido de la propia víctima, una de las 11 jóvenes que son defendidas por el abogado Raúl Williman del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de donde es docente y encargado. Fuentes judiciales señalaron que la víctima alegó motivos "laborales" para excusarse y la audiencia fue reprogramada para los próximos días.

La del martes fue aplazada a pedido la defensa de los imputados, que en esta oportunidad fueron quienes la habían solicitado. Argumentaron que iban a esperar que se procesan más evidencias para ejecutar el interrogatorio.

El aplazamiento de estas instancias, en las que se cita a jóvenes consideradas poblaciones vulnerables, es una preocupación de la Fiscalía por el daño psicológico que eso implica, y también de Williman. "Nosotros ya hemos planteado que en algún momento tenemos que sacar adelante las declaraciones", dijo a El Observador el abogado del consultorio de la Udelar.

Dos de las otras audiencias que iban a realizarse en las últimas semanas se suspendieron por recursos de los abogados de los imputados, y la tercera no se llevó adelante porque la víctima se arrepintió horas antes de declarar su versión ante la jueza. Esta última iba a tener lugar el 24 de setiembre, e iba a declarar contra el único imputado de la causa que actualmente espera el inicio del juicio oral en prisión. Se trata de un hombre de ciudadanía paraguaya que está ejuiciado por proxenetismo, además del delito más común en la causa: retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo.

Las otras dos no se llevaron a cabo porque varios penalistas manifestaron que no estaban "dadas las garantías" para que se efectuaran, ya que aún no están prontas las pericias de la investigación, como la de los celulares de todas las víctimas y la de los imputados que contienen todos los chats entre los adultos y las menores, entre otras.

Una de esas instancias aplazadas a pedido de los abogados es el interrogatorio a la principal víctima –quien denuncia a todos los enjuiciados–, para lo cual primero debe realizarse una audiencia con los representantes de todas las partes en la que se confeccionará el interrogatorio a la joven.

Había una instancia convocada para el 8 de octubre para avanzar con ese tema, pero en esa oportunidad la magistrada aceptó el reclamo de los juristas y entendió que no se había cumplido lo acordado con la fiscal Viera de que para entonces estarían entregadas las pericias de la Policía Científica, algo sobre lo cual los abogados de los indagados siguen esperando.

La otra audiencia prorrogada por la oposición de los defensores se iba a realizar el 5 de noviembre, pero los abogados de los dos imputados señalados por la joven que iba a dar su versión insistieron en el mismo punto. 

Para dirimir el conflicto, la jueza De los Santos comunicó a la Fiscalía y a un grupo de seis de los abogados –Andrés Añasco Viera, Jorge Pereira Schurmann, Enrique Díaz, Alejandro Balbi, Víctor Della Valle y Alberto Rojas– que habrá otra audiencia el próximo 23 de noviembre enfocada en el asunto.

Según informó El Observador este miércoles, el 14 de octubre la fiscal Viera había comunicado en el grupo de WhatsApp que compartía con los defensores –y que fue eliminado este viernes por disconformidad de los defensores–, que ya podía ser retirada la pericia realizada a uno de los celulares, pero advirtió que el resto todavía estaba siendo procesado y "en estos días van a estar prontas".

En ese sentido, recomendaba esperar a que todo el material quedara disponible para que los abogados lo retiraran todo junto, y agregaba que la información pesaba dos teras –lo que significa que los datos ocupan al menos 2.048 gigabytes–, por lo que los profesionales debían ir con un disco duro externo para acceder a la documentación.