Ricos hacendados se oponen a un proceso de legalización de la propiedad de la tierra agrícola en el sudeste de Bolivia, mientras el gobierno de Evo Morales denunció la existencia de "gente armada" por los latifundistas y estudia la movilización de la policía.
Para evitar esas agresiones, Almaraz dijo que se solicitó el apoyo del ministerio de Gobierno (Interior) para que facilite personal policial.
El director de Tierras (estatal), Clíver Rocha, dijo que se identificó al ciudadano estadounidense Ronald Larsen, un poderoso latifundista de la zona, que desde la semana pasada "está reclutando gente armada para generar un nivel de violencia".
El presidente de la privada Asociación de Ganaderos del municipio de Camiri, Javier Antúnez, manifestó al matutino El Deber de Santa Cruz que el gobierno debería consensuar la ley de tierras con el sector agropecuario regional.
"Cuando la ley (agraria) sea consensuada no va a tener ningún problema para terminar de sanear las tierras en Bolivia", dijo.
Sobre la denuncia de grupos armados apoyados por el hacendado estadounidense Larsen, Nayar -un ex ministro del Interior, del ex presidente de derecha general Hugo Banzer (1997-2001)- dijo que "es una táctica del gobierno el atacar a las personas con apellidos extranjeros".
"Creo que acá no hay vuelta que darle. El proceso (de saneo de tierras) no tiene retroceso", afirmó el líder de los indígenas del Chaco boliviano, Wilson Changaray.
La reforma agraria del presidente Evo Morales es, junto a la nacionalización de los hidrocarburos, la política central de su gobierno, y resistida por ricos empresarios del este del país.
(AFP)
