La familia De León se instaló en la zona de Rincón del Colorado, Canelones, hace más de 100 años. El abuelo de Néstor fue el que empezó con la granja, su padre tomó la posta y él continuó la tradición. Pero Néstor seguramente sea el último eslabón de la cadena, ya que uno de sus hijos estudia Ingeniería y el otro quiere ser médico.
A los Camejo les pasa algo parecido. José heredó el cultivo de su padre, y junto a Susana armó su granja a unos kilómetros de la quinta de los De León. Tienen dos hijos: la más grande estudia Magisterio, y aunque el varón acaba de entrar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ven “muy difícil” que cambie las ocho horas y el sueldo fijo por el trabajo de sol a sol en la granja.
Mario Buzzalino, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, recuerda que hace 20 años unas 300 familias vivían del cultivo en Rincón del Colorado. Hoy con suerte llegan a 30.
El declive comenzó hace años. De hecho, José es el único de 12 hermanos que quiso continuar con la granja de su padre. Para Buzzalino la explicación es sencilla: “Ya no hay menores de 30 años que se dediquen a esto. Eligen cualquier otra cosa porque nos ven las caras a los padres”, alega.
Pero los productores también saben que hay muchos factores que inciden en la opción de sus hijos. Además del sacrificio físico que implica, trabajar la granja en pequeña escala significa estar a la merced del tiempo (cada vez menos benevolente), pelear contra los cambios en la cultura gastronómica (los alimentos congelados y la comida rápida, por mencionar algunos), aceptar que la intermediación eleva los precios finales de sus productos, y resignarse a que el resultado de todo eso sea menos consumo, menos venta y menores ingresos.
El gobierno sabe de la vulnerabilidad que domina a los pequeños productores. También sabe que son muchas las familias en esta situación, ya que entre el 60% y el 70% de los alimentos que se consumen en Uruguay provienen de la agricultura familiar. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) están redactando un proyecto de ley que determinará que un porcentaje de los alimentos que el Estado adquiera para hospitales, centros CAIF o policlínicas, se compre a pequeños productores.
La inspiración parte de la experiencia brasileña. Allí el Estado garantiza que 30% de los alimentos que compra provengan de la agricultura familiar. El subsecretario del Mides, Lauro Meléndez, dijo a El Observador que en Uruguay se planea entre 15% y 30 %.
En la misma línea, el Mides trabaja en otro proyecto de ley que obligará al Estado a que un porcentaje de los servicios que contrata sean provistos por cooperativistas sociales y monotributistas. Esto incluye desde limpieza o mantenimiento, hasta cantina o uniformes. Tampoco se definió qué porcentaje de la compra de servicios representará, pero la directora de Economía Social, Mariela Fodde, confía en que el cambio será “sustancial” para los pequeños emprendedores.
Tarde, difícil, pero positivo
Aunque el objetivo primordial es favorecer a los pequeños productores, al comprar una parte de su cultivo el gobierno también pretende fomentar la permanencia en el campo.
Meléndez adelantó que el proyecto incluirá la agricultura familiar, la pesca artesanal y las cooperativas sociales que trabajen con materia prima proveniente de pequeños cultivos. Se contemplará especialmente a las familias más vulnerables, numerosas, o con mujeres jefas de hogar.
Para Susana y José Camejo, ambos de pocas palabras, la idea es “muy positiva”. A ella le genera dudas, por ejemplo, qué hará el Estado si su cosecha no resulta lo suficientemente buena: ¿se la comprarán igual? Él, con su sonrisa inamovible, celebra que los políticos piensen en ayudarlos.
A sus 65 años, Néstor de León ha visto fracasar varias iniciativas como esta. “Lo que pido es continuidad, en cualquier cosa que hagan”, dice. Además, cree que “llegan tarde porque los gurises perdieron la fe” en la granja y será difícil recuperarla.
Sus ojos vidriosos son reflejo de todo lo que le tocó vivir. No hay nada que no haya probado plantar; recuerda las “piedras” (granizo) de 1998 y la sequía del 2000, en medio de la aparición de un cáncer que aún tiene de rehén a su mujer y los ataques de asma de su hijo más chico. “Ahí me tuve que endeudar. Y nunca más pude levantar cabeza. Hoy no estoy haciendo lo que quiero; hago lo que puedo”, confiesa sin quebrarse. Buzzalino, que conoce de cerca las rutinas de muchos pequeños productores, le ve limitaciones de “logística” al proyecto del gobierno. “Precioso, pero que me digan cómo implementarlo”, ironiza.
Conoce la experiencia de Brasil, pero advierte que los volúmenes uruguayos son mucho menores, por lo que no le será rentable recolectar una parte de la cosecha de cada pequeño productor rural del país. Y si el traslado corriera por cuenta de los granjeros, dejaría de ser positivo para ellos.
“La granja es una arena en el zapato del MGAP, y nadie sabe exactamente qué hacer con ella”, opina Buzzalino. De todos modos, reconoce que hay “grados de avance”: “Al menos hoy se está hablando y se reconoce el problema”, concluye.
Otros pequeños proveedores
Lejos de los invernáculos y los cultivos, Marys Verdier trabajó desde los 12 años haciendo limpiezas y cuidando ancianas. A esa edad también ayudaba a su madre a coser zapatos, algo que ahora sabe que lleva en la sangre.
Un día de 2006 tomó la primera decisión: haría un curso de aparado (armado) de calzado. Se anotó en la UTU y estudió durante seis meses. Fue a la casa de un conocido y le pidió las tres máquinas necesarias para confeccionar zapatos: una para coser, otra para pulir, y una tercera para pegar la suela. Las consiguió y todavía hoy las tiene a préstamo.Desde entonces hizo algunos pares de zapatos por mes, que vendió por el boca a boca o en la feria. En abril de 2012 tomó la segunda decisión: “Fui al Mides a tocar una puerta y se me abrieron 100”, cuenta emocionada.
En realidad fue a anotarse para participar del programa Uruguay Trabaja, pero de paso se enteró de una nueva ley por la que podría ser “monotributista social” y vender formalmente sus zapatos. Se anotó, completó los formularios, y tres meses después tenía las boletas en sus manos. Eso le permitió presentarse a un llamado del Ministerio de Defensa para vender 42 pares de botas militares y zapatos de seguridad, y ganarlo. “Me cambió totalmente la vida. Porque yo ahora puedo presentarme a cualquier empresa o al Estado. La prueba está”, expresa Marys humilde y orgullosa.
Como ella ya hay unos 1.000 emprendedores que se acogieron al monotributo, con el que están exonerados de IRPF y pagan menos aportes jubilatorios. “La formalización es un paso inclusivo previo” para luego poder desarrollar “acciones afirmativas” dirigidas a cooperativistas y monotributistas sociales, explicó a El Observador Mariela Fodde, del Mides. Entre esas acciones está el proyecto que obligará al Estado a contratar una parte de los servicios a estos trabajadores.
Actualmente el 99% de los clientes de las cooperativas sociales son organismos estatales, porque muchas veces el Estado ya opta por contratar sus servicios. De todas formas, Fodde entiende que si el proyecto prospera, la producción y las ventas aumentarán “sustancialmente”, porque la ley “dará otras certezas a los trabajadores para seguir explorando”.
“La idea es que las compras del Estado sean un paraguas para mayores oportunidades de trabajo a una población vulnerable y disminuida en sus posibilidades de competencia en el mercado”, resumió Fodde. Para Marys, la idea de la ley es “buenísima”. Ella todavía no puede creer que le cierren los números a fin de mes y que sus contactos crezcan cada vez que toca las puertas de una empresa. Igual, no se apresura y advierte: “Esto recién arranca”.
Mujica confía en el futuro de la granja
El presidente José Mujica confía en que si el Estado “cuida” al pequeño productor y le garantiza comodidades mínimas como agua potable, electricidad e internet, los hijos de los agricultores permanecerán en el campo y seguirán trabajando la tierra. Así lo planteó durante la XVI Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur, que tuvo lugar a fines de 2011 en Minas.Dos tercios de los productores son agricultores y ganaderos familiares. Por eso en el gobierno entienden que la agricultura es “una excelente oportunidad de crecimiento y desarrollo para Uruguay”, dado el contexto mundial en el que se proyecta que la demanda irá en aumento. Durante el encuentro, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, reconoció que “es necesario mejorar las asimetrías de información, de escala, la falta de investigación e innovación apropiada” entre pequeños productores. También se refirió al fomento de “cientos de pequeños productores que por sí solos no logran participar de las oportunidades que el mercado mundial brinda”.
