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Los gobiernos de Uruguay y Argentina convocarán este mes la licitación para dragar el canal Martín García, en el Río de la Plata, obras que se iniciarán el año que viene, según se conoció este jueves tras la comparecencia del canciller de la República, Luis Almagro, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Además, existe confianza en esferas oficiales acerca de la autorización argentina para dos proyectos portuarios en Nueva Palmira.

El presidente de la comisión, Enrique Rubio, informó a El Observador que el canciller anunció el acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández para dragar el canal Martín García en 2012 y que el 10 de setiembre se abrirá la licitación para la obra.

Fuentes oficiales explicaron que el acuerdo implicará llevar la profundidad del canal –en una primera etapa– a 34 pies y luego a 36 pies.

A su vez, se incluye la realización de un estudio para dragar el río Uruguay a 25 pies hasta Concepción del Uruguay (Argentina) y de 19 pies hasta Paysandú.

Por otra parte, el vicepresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Ricardo González, transmitió confianza a los legisladores acerca de la autorización que dos emprendimentos en Nueva Palmira esperan del gobierno argentino, según informó a El Observador el senador del Partido Colorado, Ope Pasquet.

El semanario Búsqueda informó este jueves que la delegación argentina de la CARU había negado su voto para autorizar la instalación de las dos terminales portuarias en Nueva Palmira, inversiones que esperan la habilitación desde hace tres y cuatro años, y que suman US$ 145 millones.

El más importante de los proyectos es el de la compañía norteamericana Archer Daniels Midland (ADM), que plana construir una terminal granelera para manejar el transporte de granos a través de la hidrovía, lo que demandará una inversión de unos US$ 110 millones.

El otro proyecto es el de la empresa local Cartisur, que pretende instalar un muelle para
el transbordo de cargas líquidas -combustibles, fertilizantes y químicos- por lo cual se prevé invertir US$ 35 millones.

El lunes, el empresario Jorge Fernández, quien participa del proyecto de Cartisur, realizó duras declaraciones a El Observador con relación al clima político y burocrático para realizar inversiones en el país.

“Si acá necesitamos un permiso del Estado o una concesión, digo que no gastemos tiempo y que no se invierta en Uruguay (...) si se quieren hacer negocios con particulares, perfecto, Uruguay es un excelente lugar para invertir y desarrollar, pero dejando de lado al Estado”, afirmó.

Ambos proyectos habían quedado trancados cuando se radicalizó el conflicto con Argentina por la instalación de UPM (ex Botnia).
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