Lorenzo admitió sospechas sobre la compra de El Entrevero
El ministro dijo en el Parlamento que hay indicios de incumplimientos del escribano y el inmobiliario
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, reconoció ayer en el Parlamento que hubo irregularidades en la operación de compra del campo El Entrevero de José Ignacio, que fue adquirido por la empresa Jumey S.A., presidida por Daniel López Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien se acusa en Argentina de liderar una red de lavado de dinero asociada al ex presidente Néstor Kirchner.
El secretario de Estado que compareció en la Comisión Especial de Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes, sostuvo que luego de ser analizada la información de la operación “hay indicios” que marcan “incumplimiento” del operador inmobiliario y del escribano”, dijeron a El Observador participantes de la reunión.
La operación de compra venta realizada en 2011 tuvo como intermediarios al escribano Adolfo Pittaluga Shaw y al operador inmobiliario, Alejandro Perazzo.
“La información recibida de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central respecto a las consultas sobre las actuaciones en el caso de la estancia El Entrevero dice que habría indicios de que ni el escribano ni el inmobiliario cumplieron con sus obligaciones”, afirmó Lorenzo.El jerarca que concurrió al Parlamento convocado por el diputado nacionalista, José Carlos Cardoso, sostuvo que el marco normativo uruguayo sobre lavado de activos “es de calidad”, aunque reconoció que puede ser “mejorado” y que “las normas están”, pero puede “haber incumplimientos”. Toda la información recabada sobre la operación fue enviada a la Auditoría Interna de la Nación y según Lorenzo, si se constata que hubo incumplimientos en el proceder de los profesionales “habrá sanciones contundentes”.
Lorenzo también fue consultado respecto a si la Dirección Nacional de Aduanas está cumpliendo con la norma que establece obligación de declarar ingresos superiores a US$ 10 mil. En este sentido, indicó que en los últimos años se constataron 30 casos de violación a la norma y se sancionó a 39 personas que pasaron la frontera sin hacer la declaración.
La compra venta del campo El Entrevero es investigada por la Justicia de Crimen Organizado, a partir de la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido.
En la denuncia se solicita que “se investigue la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de directores, accionistas y apoderados” de una serie de sociedades anónimas radicadas en o vinculadas a Uruguay y por la misma causa a 14 personas. Entre ellos figura el de Daniel Pérez Gadín, presidente de Jumey, la sociedad anónima que pagó US$ 14 millones por El Entrevero.
La semana que viene serán citados a declarar Pittaluga y Perazzo que participaron de la compraventa. En el caso de Pittaluga, la Justicia también lo indagará por la compra del padrón 706 de José Ignacio, adquirido por Jumey SA a Traline, presidida después de Maximilano Acosta por Óscar Guthux, el exgerente del Hotel Alto Calafate, establecimiento vinculado a la familia presidencial argentina.
De acuerdo a la ley Antilavado, tanto los escribanos como las inmobiliarias están obligadas a denunciar ante el BCU aquellas operaciones “sospechosas”.
Mientras tanto, en Argentina la Justicia investiga el vínculo de Báez, indagado como presunto líder de una red de lavado asociada al expresidente Kirchner, y Carlos Molinari, el empresario que el año pasado se interesó en los aviones de Pluna y que ya opera en Uruguay con un emprendimiento en el Parque Industrial de Pando.
Según la indagatoria, Molinari iba a ser el inversor en un proyecto que se iba a desarrollar en el campo El Entrevero. Así lo declaró Acosta la semana pasada ante el fiscal federal, Guillermo Marijuán, cuando admitió que participó del negocio y dijo que él le propuso a Leonardo Fariña, el valijero de la organización, armar un emprendimiento que consistiría en un hotel boutique de lujo con campo de golf en esas 150 hectáreas con vista al mar.
Acosta admitió que decidió participar porque cuando supo que Molinari sería el o uno de los inversores del proyecto “confió”.
Acosta también mencionó detalles de cómo se gestó la compra del campo. Según su testimonio, en diciembre de 2010 un amigo suyo, Maximiliano Goff, le presentó a Fariña y le pidió que le presentara gente en Uruguay, ya que Fariña quería hacer negocios en el país. En una de esas reuniones se reunió con Walter Kobylanski, quien le manifiestó que tenía un campo valuado en US$ 14,5 millones.
Según esta versión, Goff dio el primer paso para la compra que fue adquirir la sociedad Traline. El primer acto de la sociedad fue la firma del boleto de reserva del campo, por el que pagaron US$ 1,4 millones.
Acosta afirmó que no se entregó dinero en efectivo en ese momento y que Kobilasnky estableció cómo y cuándo hacer las transferencias y se lo indicó al escribano interviniente en la compra, Adolfo Pittaluga, y a Goff.
