La reglamentación debería negociarse en Dubái, aunque las organizaciones no gubernamentales señalan que detrás de los bonos de carbono suelen gestarse operaciones de "lavado verde de imagen", o "greenwashing" como se las conoce en inglés, con el único objetivo de reducir en los papeles las huellas de carbono que las propias compañías producen.
"He estudiado la calidad de los créditos de carbono desde hace veinte años y siempre ha sido mediocre", afirma Barbara Haya, directora del Berkeley Carbon Trading Project. El estudio sobre los proyectos de reforestación que llevó a cabo su equipo en África es implacable.
“La reducción de las emisiones y los beneficios de los proyectos están sobreestimados y los derechos de las comunidades locales a menudo vulnerados. La independencia de los inspectores encargados de evaluar los proyectos no está garantizada. Y las metodologías de los certificadores que permiten vender créditos carbono son laxas”, destaca el estudio.
Por lo pronto, y según el estándar del propio mercado, un crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2) absorbida gracias a un proyecto destinado, por ejemplo, a evitar la deforestación o permitir la instalación de tecnologías de captura de carbono.
Estados Unidos, por caso, ha propuesto el mecanismo como un "acelerador de transición energética" para "aumentar las energías renovables", e incluso impulsar el "cierre de centrales eléctricas de carbón".
"Esto podría generar decenas de miles de millones de dólares", sostuvo Kerry con relación a los fondos que generarían los créditos al ser comprados por empresas y potencialmente también por los gobiernos. De hecho, firmas como Amazon, Bank of America, Mastercard, McDonald's, PepsiCo y Walmart, entre otras, compiten ya por adquirirlos.
Según Kerry, los futuros créditos serían "de alta calidad" y no "como los que aparecieron en los titulares", en referencia a las investigaciones publicadas en los últimos meses que han cuestionado la eficacia de la gran mayoría de los que están en circulación.
Frente a las críticas, el precio de los créditos se desplomó y pasó para aquellos asociados a proyectos de protección de la naturaleza de US$ 18 por tonelada en enero de 2022 a US$ 6 en enero de 2023, y a menos de US$ 2 a mediados de octubre pasado.
Tras un techo de más de US$ 350 millones de créditos emitidos en 2021, los volúmenes retrocedieron levemente en 2022 y 2023; aunque siguen por encima de los niveles anteriores a 2020 y, según las proyecciones de la agencia financiera Bloomberg, podrían alcanzar los US$ 8.000 millones en 2050.
“El anuncio es una cortina de humo que pretende desviar la atención de la irrisoria contribución de Estados Unidos y otros países ricos a la financiación climática", asegura Erika Lennon, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL).
Para responder a las críticas, la administración estadounidense dice que ha trabajado con el Banco Mundial (BM) para establecer “criterios de calidad”. En lo inmediato, el BM presentó el viernes pasado un plan con pautas “exigentes” para permitir a 15 países en desarrollo acceder al mercado de carbono de aquí a 2028 si protegen sus bosques.
En lo que va de la COP28 se presentaron ya cientos de proyectos con la intervención de empresas que quieren seguir comprando créditos para reducir nominalmente sus huellas de carbono, en un contexto en la que cada participante intenta establecer sus propias reglas, lo que ralentiza las negociaciones para un marco regulatorio común.
El Acuerdo de París de 2015, en su artículo 6, brinda a los gobiernos la posibilidad de ingresar al mercado de carbono para compensar sus emisiones “comprando” esfuerzos realizados en otros lugares. El acuerdo, además, planteaba la reforma de un mercado que nunca terminó de funcionar, lo que ha provocado prácticas comerciales muy criticadas.
Es una "sensación de déjà vu", advierte la Red de Acción Climática (CAN). Según la organización que agrupa a centenares de oenegés, “lo más probable es que el proyecto de acuerdo reduzca las ambiciones globales en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono".
La red denuncia la falta de precisiones, la ausencia de un organismo regulador a nivel mundial y la “falta de salvaguardias suficientes" para evitar el "greenwashing" y proteger los "derechos humanos" de las poblaciones implicadas.
Sin embargo, la adopción de la metodología podría verse acelerada por la impaciencia de los gobiernos que desean compensar sus emisiones, encabezados por los países productores de petróleo y los desarrollados. Por otro lado, algunos países en desarrollo también esperan millones o miles de millones para financiar su transición.
"Es difícil decirles simplemente 'basta' a las economías de ingresos medios y bajos. Además, las petroleras ven en los créditos carbono un medio barato de avanzar en los papeles hacia la emisión neta cero", explica Haya.
El viernes pasado, una decena de países, entre ellos Francia y Emiratos Árabes Unidos, además de Estados Unidos, pero también Colombia, Kenia y Senegal, pidieron en la COP28 que la compensación de carbono sea un "complemento" a la reducción de emisiones. Además, reclamaron más transparencia y estándares rigurosos, "para que estos mercados puedan alcanzar su máximo potencial".
"A todos los actores les conviene que se cree un máximo de créditos. La conclusión, al menos hasta el momento, es que se emiten demasiados y la mayoría no permite las reducciones de emisiones prometidas”, explica Haya.
"El activismo de algunos países y empresas podría conducir a operaciones de ecoimpostura a gran escala", agrega Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para la Desarrollo.
En este escenario, los investigadores y las oenegés dedicadas a la protección del medioambiente y la biodiversidad se han pronunciado por el final de las compensaciones para pasar a una lógica de la "contribución".
En este sentido, impulsan que las empresas y los estados financien los proyectos necesarios para la reducción de emisiones sin utilizar créditos de carbono, mecanismo al que responsabilizan de producir una “ilusoria neutralidad”.
Frente a esta perspectiva casi utópica, Haya impulsa una reescritura de las metodologías por parte de expertos independientes en auditorías. “Lo central es que no haya conflictos de intereses y transparencia en los datos”, dice la investigadora.
¿Es posible en el marco del sistema de la ONU? “Sería necesario que las empresas y los países tengan la voluntad de hacerlo. Lo que me preocupa es que las negociaciones parecer ir en la dirección contraria", concluye la experta.
(Con información de AFP)
