Los detalles del caso de explotación sexual de menores que involucra a un exjuez y un diputado suplente

Entre los cinco imputados se encuentra el diputado suplente del Partido Colorado Nicolás Ortiz –también profesor de Física de un liceo– y un exjuez de menores. También fue imputado un empresario de Punta del Este, dueño de un local bailable de esa ciudad, un arquitecto y un abogado y exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

Para la Fiscalía los imputados son responsables de un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, pero ninguno fue a prisión como medida cautelar. La fiscal Viera solicitó en cambio que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género: que aquellos imputados por delitos sexuales estuvieran inhabilitados "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia".

La Justicia, no obstante, entendió que no había méritos para esa medida –Viera apeló la decisión–, y solo concedió como restricción mientras los hombres aguardan por el juicio oral que todos ellos tuvieran prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas, además de fijar su domicilio.

La investigación comenzó el 28 de noviembre de 2019 tras una denuncia realizada en Maldonado. De acuerdo al dictamen de la Fiscalía, luego de varios meses de indagatoria, se realizaron allanamientos en Maldonado que derivaron en "diversas diligencias y pericias" a los celulares de las adolescentes, y al del uno de los imputados, que a su vez había denunciado ser víctima de difamación por parte de una de las víctimas.

Esas pericias permitieron a los investigadores conocer "datos de otras menores de edad" también víctimas de explotación sexual "por diversos hombres mayores de edad", y se encontraron además "chats con los imputados, de donde surge que los mismos habrían pagado o prometido pagar" a una de las adolescentes "sumas de dinero, o estupefacientes" a cambio de sexo o "actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual".

Este caso está vinculado a la desaparición de una joven de 17 años en marzo de este año, cuyo cuerpo fue encontrado a orillas del arroyo Solís Chico, cuatro días después. Lo último que se supo de ella es que iba a la terminal de Tres Cruces a tomar un ómnibus rumbo a Punta del Este.

Los investigadores ubicaron a una amiga de la joven, también menor de edad, que ejerce la prostitución en Punta del Este. Fue de esa forma que descubrieron que existían denuncias de ambas contra un hombre mayor de edad por abuso sexual, que a su vez las había denunciado por extorsión.

Las defensas

Ignacio Durán, abogado del empresario de Punta del Este, adelantó en conferencia de prensa que apeló la imputación a su cliente, porque entiende que el hombre solo "tenía una relación de amistad (con las víctimas) porque él organiza eventos musicales". "Conocía a algunas de las víctimas, (con las que tenía) una relación de amistad que nada tiene que ver con lo que se está investigando", dijo el penalista, según consignó Telemundo.

Durán dijo además que, de acuerdo a la versión de su cliente, el hombre sí tuvo relaciones sexuales con algunas de las víctimas, pero que siempre se dieron "en el ámbito del consentimiento".

El exjuez y el exasesor de la Ursea, defendidos por Martín Frustaci, también admitieron que tuvieron relaciones con una de las víctimas. Según aseguran, la adolescente los engañó respecto a su edad. Afirmaron que "en la página" web donde la menor promocionaba sus servicios, decía que tenía más de 18 años, señalaron allegados a la defensa de los hombres.