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El pedido de procesamiento del fiscal Juan Gómez al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, por abuso de funciones en el caso Pluna, funcionó como fusible de la desgastada relación entre el dirigente astorista y el presidente José Mujica. En los últimos meses Lorenzo ya había amenazado con renunciar en dos oportunidades. En esta tercera oportunidad no estaba convencido de hacerlo, pero Mujica lo forzó.


La sucesión de cruces terminó el último fin de semana. El viernes Mujica le pidió la renuncia a Lorenzo, quien no tenía pensado dejar su cargo. Durante la mañana del sábado, en la casa del vicepresidente Astori, en el barrio Malvín, la cúpula del gobierno acordó la salida.
Astori negó ayer en público que Lorenzo haya puesto condiciones para dejar el cargo, tal como informó El Observador. También el semanario Búsqueda, citando fuentes del gobierno y del Frente Líber Seregni, dijo que Lorenzo “fue persuadido” de dejar el cargo en una reunión del viernes con Mujica y el vicepresidente.


Pese a la negación de Astori, el director de Casinos, Javier Chá, que además es dirigente del Nuevo Espacio y amigo de Lorenzo, admitió ayer una negociación previa a la salida del ministro. “La renuncia no se negocia. Otra cosa es negociar en qué condiciones nos vamos, cuáles son las circunstancias en cómo se va a anunciar. Esto como cuestión de orden, se coordina, si es como el caso de la renuncia de un ministro que va a generar un hecho político”, dijo Chá.


Las molestias de Mujica con Lorenzo fueron dos. El primer caso fue por el litigio entre el Estado y el empresario Francisco Casal. Mujica pretendía cerrar el expediente por el cual la Dirección General Impositiva (DGI) buscaba cobrarle
US$ 10 millones a Casal por una presunta evasión tributaria y Lorenzo su opuso.
El proceso había comenzado en 2008 durante la conducción astorista de la DGI que dirigía por entonces Nelson Hernández. Lorenzo quería seguir adelante con el litigio pese a los informes de juristas que advertían sobre juicios por US$ 300 millones que el empresario podría iniciar contra el Estado. La DGI había embargado en 2008 bienes de Casal 8, al que le reclamaban impuestos impagos por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007.
Mujica tomó el caso y, con la anuencia del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, a quien los juicios podrían complicarle un eventual tercer gobierno de la izquierda, cerró el litigio. A fines de octubre, durante la recta final del proceso, hubo una reunión por el tema donde Lorenzo y Astori se opusieron al acuerdo.


Luego de ese cruce, informado por el semanario Búsqueda, el FLS emitió un comunicado donde trancó con el presidente. En esa semana, el exministro de Economía amenazó con renunciar tres días consecutivos pero siguió en su cargo por el apoyo de Astori. Tras esos hechos, el mandatario se molestó con Lorenzo porque frente a la opinión pública Mujica quedó como que le había perdonado la deuda a Casal.


El segundo cruce fue tras la caída de la ley de Pluna pero, sobre todo, por la contratación del abogado Ricardo Olivera García. El abogado cobró US$ 450 mil por redactar una ley que fue declarada inconstitucional. Además había trabajado para Leadgate antes. “Cometimos errores jurídicos producto de habernos comido la pastilla con Olivera”, dijo Mujica el 14 de noviembre. El gobierno había decidido removerlo. Pese a eso, Lorenzo lo volvió a respaldar y dijo en el Parlamento durante la interpelación que seguía trabajando para el fideicomiso. Eso indignó a Mujica. “No entiendo qué hace el señor trabajando aún para el fideicomiso y antes trabajando de los dos lados del mostrador. No tengo problema en reiterar que nos comimos la pastilla”, dijo el presidente a Búsqueda según fue publicado el jueves 19.
La continuidad del vínculo con Olivera García molestó a Mujica y así se lo transmitió a varios referentes del FLS, según dijeron dirigentes de ese sector.

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