Más de la mitad de los funcionarios federales brasileños iniciaron este martes la primera huelga indefinida en los seis meses de gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, para exigir la retirada del proyecto de reforma de las pensiones que se tramita en la Cámara de Diputados.
"A lo largo del día se ha ido ampliando el movimiento en algunos estados", agregó, aunque hasta el final del día no será posible establecer datos más precisos y en qué medida han afectado el trabajo, aunque se han comprometido a mantener servicios mínimos.
La huelga no tiene apoyo unánime. La recién creada Central Única de Funcionarios Públicos (CUP), que engloba a 53 entidades, está contra la huelga, al igual que la Confederación Nacional de Trabajadores (CUT), que ha elegido presionar a los diputados para que aprueben alguna de las 453 enmiendas presentadas al texto del proyecto.
Los sindicalistas en huelga han criticado la reforma y se han declarado traicionados por Lula, un ex líder sindical metalúrgico, a quien le han recordado que hasta antes de llegar al poder se oponía a una reforma al sistema de pensiones. "Teníamos un matrimonio de más de trece años con Lula y tras haber asumido la presidencia nos apuñaló en la espalda", declaró Joao Sobral, presidente del sindicato de los policías federales del estado de Bahia.
Este prevé la imposición de una alícuota del 11% a los pensionistas que ganen más de 370 dólares, aumentar en siete años la edad mínima para la jubilación, a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, y fijar una pensión máxima de 828 dólares para las pensiones tanto del sector público como del privado, así como la creación de un fondo de pensiones complementario.
El ministro jefe de la Casa Civil o coordinador político del gobierno, José Dirceu, aseguró este martes que el gobierno no va a retirar el proyecto del Congreso. "Eso no es posible y el gobierno no lo hará", subrayó antes de agregar que tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad.
"No hubo voluntad política de abrir el proceso de negociación y prefirió transferir el debate al Congreso", justificó Perera Lima. En previsión del paro, el gobierno ha contratado a 3.800 personas para asegurar el mantenimiento de los servicios básicos, en particular el de la Seguridad Social, uno de los más sensibles de la administración federal.
(AFP)
