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En 2014 hubo un promedio de 64 siniestros de tránsito por día en los que al menos una persona resultó herida. Hubo 3.515 siniestros graves y fueron 538 los que fallecieron. Así, y a pesar de que desde la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial -en 2007- hay en el país ocho leyes nuevas que regulan la circulación en ciudades y rutas, y exigen tanto el uso de casco certificado para motociclistas como del cinturón de seguridad en todos los pasajeros o de Sistemas de Retención Infantil en el caso de los menores de 12 años, Uruguay no logra salir de un alto promedio de muertes que condena a América Latina, y que lo ubica todavía muy lejos de las metas planteadas por la Organización de las Naciones Unidas en seguridad vial.

Según el acuerdo por el Decenio de la Seguridad Vial, Uruguay debería tener para 2020 ocho fallecidos por cada 100 mil habitantes, es decir, 50% menos de los que tenía en 2010. Sin embargo, a fines de 2014 hubo 15,6 muertos, lo que muestra que si bien hubo avances, han sido lentos. "Obviamente no estamos en una situación buena", señaló a El Observador el presidente de Unasev, Gerardo Barrios, pero aclaró que aunque las mejoras no van de acuerdo con el ritmo esperado, las políticas han permitido detener el incremento constante de muertes en el tránsito, aún cuando el parque automotor está en aumento. El 2015 se proyecta como el año con menor muertes. Al 30 de setiembre ya hubo 366 muertes.

El problema, que se puso sobre la mesa especialmente esta semana a través de la VIII Semana Nacional de la Seguridad Vial, se debe en parte a la existencia de controles fraccionados en el país, y a que el avance en normativas no es suficiente para crear cambios en la conducta, reconoció Barrios, por lo que se apunta a partir de ahora a ejercer una mayor autoridad en el tránsito.
Pese a que las cifras muestran, por ejemplo, que la mayor cantidad de muertes se dan los fines de semana, y que las espirometrías positivas se duplican, en esos días es cuando menos controles se hacen, afirmó.

A las fallas en planificación se suma muchas veces el hecho de que los inspectores son agredidos, y hay también zonas en las que no pueden ingresar sin compañía de efectivos policiales. Deficiencias que se apunta a subsanar a través de la creación de la Policía Nacional de Tránsito -estipulada en la Ley Orgánica Policial-, que pasó de tener presencia en tres departamentos a estar en los 19. El rol de los inspectores no cambia, aclaró el presidente de Unasev, sino que se da más elementos para controlar y hacer que las leyes se cumplan en todo el territorio, sobre todo teniendo en cuenta que las principales causas de siniestros -alta velocidad, conducir alcoholizado o sin casco- son consideradas faltas y demandan una actuación a nivel judicial.

Uruguay no logra salir de un alto promedio de muertes que condena a América Latina, y que lo ubica todavía muy lejos de las metas planteadas por la Organización de las Naciones Unidas en seguridad vial

En el mismo sentido, el Ministerio del Interior busca que Policía Caminera dependa de la Guardia Republicana, como forma de "dar un salto" en el control del transito y fortalecer a ambas infraestructuras, afirmó días atrás el ministro, Eduardo Bonomi. Sin embargo la Cámara de Diputados rechazó el artículo del Presupuesto que establecía ese cambio.

El camino es que "en un mediano plazo toda la Policía, no solo la de tránsito, pueda controlar" en esa materia, dijo por su parte a El Observador el director de Unasev, Pablo Inthamoussu, y desandar un camino iniciado en los años 1990 por el que el Ministerio del Interior se apartó de la seguridad vial.
Para Barrios, "a veces hay una especie de falsa oposición y se cree que lo fundamental es educar antes de reprimir". "Apuntar a que educando vamos a cambiar las conductas es hacer lo que hemos hecho durante más de treinta años", sin obtener resultados, concluyó.

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