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Más vale regalado que comprado

El gobierno le vende casas precarias a policías y les regala otras en mejores condiciones a ex habitantes de asentamientos

Por  Nicolás Delgado

Entre Casavalle y Manga creció un barrio de policías. Y creció torcido. En 2001, el Ministerio del Interior construyó 50 casas que vendió a funcionarios a un costo de 60 cuotas de dos unidades reajustables (UR). En total, los agentes pagaron US$ 1.265, según la cotización de entonces. El gobierno de Jorge Batlle se comprometió a que, cuando terminaran de pagar las cuotas, el Estado les entregaría los títulos de propiedad. Ese día llegó y los títulos no aparecieron. Pasaron seis años y los títulos siguen sin aparecer.

La mayoría de los policías pagó las cuotas en fecha y forma. A muchos, incluso, se les debitó del sueldo. Los seis uniformados que no cumplieron fueron desalojados. Algunos se llevaron el cielo raso, las ventanas y las instalaciones eléctricas.

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El Ministerio del Interior revendió (el esqueleto de) las casas por 100 UR (US$ 2.643). “Dejaron solo el esqueleto de la casa”, explica una de las nuevas usuarias que llegó este año y que también reclama el título de propiedad.

Las viviendas son precarias. Las paredes exteriores están compuestas por dos placas de fibra de cemento de medio centímetro cada una separadas por una placa de espuma plast. Un living comedor, un baño y dos cuartos pequeños completan el hogar.

“No hay lugar para nada”, dice una de las funcionarias. “Mi hijo, que estudia y trabaja, mirá donde duerme”, agrega la policía señalando un rincón de la cocina comedor.

El ministerio les prohibió a los usuarios realizar ampliaciones, hasta que les entregue los títulos. Muchos cumplieron. Otros, que construyeron una pieza más al fondo, cuelgan su ropa en el patio del frente: calzones, remeras, pijamas.

“Esto es un chusmerío, es peor que un cantegril”, dice una agente. Pagó todas las cuotas y quiere irse del barrio, pero no puede, porque para vender o alquilar la casa necesita los títulos de propiedad.

Las principales preocupaciones de los vecinos son tres: el ministerio aún no ha dado los títulos de propiedad, las calles de balastro supuran pozos y viven en un barrio de policías.

Por esta última razón, las familias sufren la estigmatización de los barrios aledaños y de los cantegriles. Los líos de los hijos de los policías con adolescentes de zonas cercanas son frecuentes, comentan algunos de los consultados. Otros dicen, sin embargo, que “es un barrio tranquilo”.

Todos piden mantener el anonimato, porque el ministerio no les permite hacer declaraciones públicas.

Un uniformado grita al pasar: “Parece mentira que trabajemos para el Ministerio del Interior y vivamos en estas condiciones. Mirá cómo tenemos las calles. Andá a ver cómo están las calles de más allá”. “Más allá” significa el barrio Tres Palmas, separado de las viviendas policiales por el terreno del centro educativo Los Pinos, que funciona en el barrio desde 1997.

Barrio Tres Palmas

Las viviendas policiales y el barrio Tres Palmas comparten la banda sonora. El coro de ladridos caninos solo es solapado por el pregón de los verduleros ambulantes.

Casas de chapa y manadas de niños completan el paisaje. Juegan, se ríen, pelean. Posan para las fotos. “Estos niños están todo el día en la calle”, comenta un curioso que se asoma por la ventana.

Al final del camino asfaltado, las casas se tornan uniformes, amarillas. Es la huella que dejó el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). En 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al Estado US$ 100 millones para el mejoramiento de los barrios. El PIAI se financia con este dinero.

El 21 de octubre de 2008 entregó las primeras viviendas en Tres Palmas. Donde antes había un baldío, construyeron 31 casas, calles asfaltadas y una plaza. El proyecto abarcó obras de infraestructura, saneamiento, sanitarias, vialidad e iluminación. La inversión fue de U$S 3,5 millones.

Los vecinos, que vivían en asentamientos cercanos y fueron realojados gratuitamente, están “muy conformes” con el cambio. María, una joven que vivía en una piecita con su pareja y sus dos hijas, pudo mudarse a un hogar amplio, de paredes de mampostería y techo de hormigón.

“No nos podemos quejar, estamos agradecidos”, dice otra vecina, Alejandra, cuyo marido trabaja como sanitario.

Las diferencias con las viviendas policiales son notorias. Además de que los materiales de construcción son más resistentes, las piezas son más espaciosas. A la cocina comedor, su suma un baño y dos cuartos grandes.

A su vez, estos vecinos pueden ampliar la construcción. Las dos mujeres muestran orgullosas las medianeras que levantaron en cooperación con sus vecinos. El compañero de una de ellas también construyó una barbacoa de bloque con parrillero al fondo. “El comedor nos quedaba chico para los cumpleaños”, comenta sonriendo.

Ahora las preocupaciones de las mujeres son otras. “El basurero no pasó hoy”, comenta una. “Quiero comprar la casa”, dicen las dos.

Los beneficiarios de estos proyectos pueden adquirir el título pagando el precio de los terrenos, según la tasación de Catastro, explicó a El Observador, Fernando Cabezudo, coordinador del PIAI.

El 3 de octubre, junto al ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, Cabezudo entregó los primeros títulos de propiedad a beneficiarios del programa en el barrio La Esperanza, Punta Rieles. También se lo entregarán a los residentes de Tres Palmas, pero para ello, necesitan que la Intendencia Municipal de Montevideo culmine la revisión del plan de ordenamiento territorial y apruebe los planos del barrio, que pasará de ser una zona rural a una suburbana.
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