Mayoría de analistas a favor de aceptar las exigencias de OCDE

Uruguay discutirá cómo salir de la categoría de país poco colaborador en aspectos tributarios

En el gobierno están convencidos de que Uruguay, pese a que le cueste, debe seguir transitando el camino iniciado hace dos años de cumplir los mandatos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De lo contrario, se enfrentará a posibles sanciones que pueden ir desde las comerciales hasta directivas concretas de los países del G20 –las mayores economías del mundo– para que sus empresas y ciudadanos no inviertan en países no cooperantes.

Fuentes oficiales comentaron ayer a El Observador que no hay dudas en esa orientación política, aunque habrá que ajustar “el cómo” y “el cuándo” se irán incorporando las observaciones del Foro Global de Transparencia Fiscal a la normativa local.

En tanto, a nivel privado, los especialistas consultados por El Observador –a excepción del ex subsecretario de Economía, Gustavo Licandro– son partidarios de que se vayan superando las observaciones, pero reconocen que uno de los puntos que implica “riesgos” es firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina. El temor es que ese eventual tratado genere una corrida de depósitos, así como una baja en el ingreso de capitales de argentinos, que lideran el flujo de inversión extranjera directa hacia el país. En Uruguay, según datos del banco Central, los no residentes tienen depósitos a setiembre de 2011 por US$ 2.947,6 millones, en su mayoría de argentinos.

Uruguay fue mantenido el miércoles por la OCDE en una “lista gris” de países que incumplen los estándares exigidos internacionalmente para el intercambio de datos fiscales. En 2009, el país, tras una breve estadía de algunas horas en la lista negra que lo calificó como paraíso fiscal, pasó a un estadio intermedio del que intenta zafar hasta ahora sin suerte.

La primera exigencia había sido firmar 12 acuerdos de intercambio de información y habilitar el levantamiento del secreto bancario. El gobierno aceptó concretar esos tratados –ya tiene 10 avanzados– y flexibilizó el acceso a cuentas bancarias. Sin embargo, la OCDE exigió luego que los tratados deben ser con países “relevantes” que para Uruguay son Argentina y Brasil, y a su vez debe instrumentar un sistema ágil de levantamiento del secreto bancario. A nivel oficial se reconoce que el mecanismo elegido para flexibilizar el sistema bancario “es engorroso”. Luego las exigencias se ampliaron y se cuestionó a Uruguay su sistema de acciones al portador.

Visiones
El tributarista Carlos Loaiza, de Olivera Abogados, señaló que Uruguay debe seguir ajustándose a la normativa internacional y consideró “que no es admisible una posición de negarse a aceptar las observaciones”. Desde Madrid, donde viajó a presentar un libro sobre intercambio de información tributaria entre Uruguay y España, señaló que en Europa, a países como Alemania o Francia, no le interesa tanto lo que ocurra con Uruguay y los grandes interesados son Argentina y Brasil, que presionan a nivel internacional.

“Con ellos habrá que sentarse a ver hasta dónde se puede llegar, pero toda negociación también es recibir algo a cambio”, afirmó.

Recordó que técnicamente ya no existe la lista negra, que antes eran los paraísos fiscales, y ahora existen dos categorías: la lista blanca, donde están todos los que cumplen con los estándares de la OCDE, y la lista gris, en la que se ubican los países que se comprometieron a cumplir con las directrices de transparencia tributaria. Explicó también que para pasar a la fase II, que implica que el Foro Global revisará el funcionamiento del intercambio de datos, Uruguay deberá superar las actuales observaciones.
Juan Manuel Albacete, socio tributario de Guyer & Regules, señaló que no pasar la revisión de la OCDE “no es tan grave” y está claro que no habrá consecuencias inmediatas. Es partidario de que Uruguay continúe trabajando en los pedidos de la OCDE y afirmó que deberá hacerlo“sin violentar el orden jurídico interno”.

Para el especialista parece “un exceso que ese organismo determine el procedimiento de un país para acceder a información de cuentas bancarias”. Dijo que en Uruguay se notifica al contribuyente que es investigado y se da intervención al Poder Judicial para que en última instancia un juez autorice o no acceder a una cuenta bancaria, todo lo cual se hace respetando la Constitución.

También consideró “un exceso” que desde el exterior se exija firmar acuerdos con países vecinos como Argentina, sin considerar que eso puede aparejar un daño a un país que recibe fondos de esa procedencia. En todo caso, negociar a nivel del Mercosur es el camino correcto, afirmó.

Respecto a los cambios que pueden introducirse al régimen de acciones al portador, Albacete comentó que requerirá modificar la ley de sociedades comerciales, por lo que habrá que estudiar detenidamente los efectos legales y comerciales de una modificación. No le parece mal el sistema al que se apunta de que haya una entidad estatal que registre los datos de los propietarios de acciones, tal como ocurre hoy en Alemania.

Martha Roca, socia de impuestos de la consultora Ernest & Young, dijo a El Observador que los reclamos de la OCDE parecen no tener límite, y habrá que tratar de cumplirlos pero manejándose con cierta “cintura”. Firmar un tratado de intercambio de datos con Argentina “sería delicado” porque se depende mucho, hasta en el turismo, de residentes en ese país que tienen propiedades en Punta del Este. Los efectos de firmar ese convenio “no serían automáticos”. pero será negativo sobre los inversores argentinos que tienen depósitos en Uruguay. Para Roca, la sanción más visible que puede impactar a Uruguay de no cumplir con la OCDE, es que ciertos grupos decidan no invertir en el país.

Enrique Ermoglio, socio del área de impuestos de la consultora Deloitte, es partidario de analizar detenidamente cada una de las observaciones de la OCDE para “evaluar qué hacer, qué no hacer y qué se puede negociar”. Si bien no parece claro las ventajas de desconocer los mandatos de un organismo internacional, porque implicaría “bajarse del mundo”, tampoco hay necesidad “de salir disparado detrás de las observaciones de la OCDE, comentó.

Con Argentina está siempre el ruido por el temor, fundado o no, de que se ahuyenten inversores si se firma un acuerdo de intercambio de información, por lo que habrá que evaluar qué beneficios puede traer en una agenda bilateral amplia, dijo Ermoglio.

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