Media sanción a la ley para que los policías chilenos puedan usar armas de fuego “en legítima defensa”

La Comisión continuará en forma remota el tratamiento de las modificaciones este sábado 1° de abril a partir de las 9 de la mañana y el lunes 3, a las 15.30 horas en el Congreso Nacional tendrá lugar la reunión del pleno del Senado, con la expectativa de que ese paquete de leyes sobre temas de seguridad se vote el próximo martes 4 de abril.

La cuestión de la seguridad subió al tope de las preocupaciones de todos los analistas de opinión pública y tanto el Congreso como el gobierno de Gabriel Boric tomaron el toro por las astas. En dos jornadas, la Cámara de Diputados de Chile despachó seis proyectos relacionados al uso de armas, secuestros, migración, refuerzo a Gendarmería y crímenes de sicarios.

También, dieron curso al aumento de las penas por delitos cometidos contra policías, así como la “legítima defensa privilegiada” por parte de los uniformados, más conocidas como "Ley Naín" y "Ley Retamal", respectivamente, que llevan los nombres de dos uniformados asesinados en 2020 y 2022.

El tema se puso al rojo vivo el domingo pasado tras el asesinato de la mujer policía Rita Olivares por un grupo de delincuentes en la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile. El hecho movilizó al Parlamento que reaccionó rápidamente. Por su parte, Boric dio un respaldo a los Carabineros, la principal fuerza de seguridad de Chile.

En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había aprobado “en general” lo que el miércoles votó artículo por artículo, los 24 que componen una norma que establece la “legítima defensa privilegiada”, que es “la presunción de uso justificado de su arma de servicio”, cuando se trata de hechos en ejercicio de la función policial.

Una parte de la oficialista Coalición de Gobierno –la alianza de fuerzas de izquierda que respalda a Boric– se negó a votar estas normas habida cuenta de la historia represiva de las fuerzas de seguridad no sólo durante la dictadura de Augusto Pinochet sino por la violencia desatada en 2019 contra los manifestantes. Esas luchas, ferozmente reprimidas, fueron las que permitieron a Boric llegar a la Casa de la Moneda.

La norma que la semana próxima se convertirá en ley, votada por la oposición y la mayoría del oficialismo, establece penas mayores para los ataques a agentes de Carabineros o de otras fuerzas de seguridad, como la Policía de Investigaciones y la Gendarmería. Los agentes quedarán “exentos de responsabilidad criminal” si tienen que “repeler agresiones con riesgo a su integridad o la de terceros, como, asimismo, cuando impidan la consumación de graves delitos”, dice el texto que deberá debatir el Senado.

Los senadores oficialistas propondrán algunos cambios en el Senado, según anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esas modificaciones van en la dirección del alcance en caso de uso de armas de fuego por parte de Carabineros, que es el punto que tensiona a la coalición gobernante.

La ministra, para bajar el tono de esas tensiones, en diálogo con la radio ADN dijo que, en la actualidad, “mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces apartado de la institución, y los fiscales interpretan que, si este funcionario usó su arma, y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado”.

En Diputados, mientras se debatía, estaban las viudas y familiares del sargento Carlos Retamal y de los cabos Eugenio Naín y Juan Florido.

La seguridad se instaló como una prioridad de los chilenos después del plebiscito constitucional de setiembre pasado que dejó en evidencia cambios en la agenda pública y votó en contra del texto constitucional que había elaborado la Asamblea Constituyente.

Al respecto, Gabriel Boric aseguró este martes que “es preciso reflexionar sobre nuestras actuaciones del pasado”, en referencia a las posturas que caracterizaron a la generación de la nueva izquierda chilena en materia de orden público.

Para el senador José Miguel Insulza, dirigente del Partido Socialista (PS) y miembro de la Comisión de Seguridad, esta generación entendió “que la seguridad no es un tema de clases”. Dentro del PS no hay consenso para apoyar a la coalición gobernante. Insulza es de los más críticos del gobierno y considera que Boric tomó tarde el tema de los delitos y las atribuciones de las fuerzas de seguridad.

Con el gobierno nacional dispuesto a no ceder espacio en la agenda pública, aunque tenga fisuras internas, el Senado intentará despachar seis iniciativas, La ley Naín-Retamal, más normas sobre el sicariato, la extorsión, la portación de armas en lugares concurridos y otras que refuerzan las competencias de Gendarmería y que amplían las facultades policiales en el control migratorio, según consigna el diario chileno La Tercera.