A pesar de que Uruguay es uno de los países más envejecidos, el gobierno aún no implementó las políticas necesarias para tratar a la población de tercera edad, según consideran especialistas en el tema.
“No hemos pasado de lo declarativo a lo concreto, las normas existentes no se cumplen y la información al respecto es muy escasa”, dijo a El Observador el director de la cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, Italo Savio, quien también dirige el programa de adulto mayor en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
En una declaración emitida por la cátedra con motivo del “Día de la toma de conciencia sobre el maltrato hacia las personas adultas mayores” que se celebra mañana, se resaltan las diversas carencias que hay en la atención hacia los mayores de 60 años.
“Llegó la hora de que hagamos algo al respecto, porque nos parece que la dimensión de la cosa es grotesca y el potencial de abuso hacia estas personas es enorme”, prosiguió el especialista.
Casas de salud clandestinas, retenciones de haberes a jubilados por préstamos, abusos económicos a ancianos por parte de familiares o instituciones, son algunos de los puntos que marcan los académicos como principales preocupaciones.
Estas situaciones fueron remarcadas públicamente por la ministra de Salud Pública (MSP), Susana Muñiz, meses atrás, cuando expresó que queda trabajo por hacer para mejorar la calidad de vida de los ancianos y es necesario reforzar la fiscalización de estas instituciones.
En tanto, la cátedra, también destaca la falta de contralor “sostenido y consistente” por parte del MSP sobre las casas de salud, lo que genera irregularidades que traen aparejado un “alto nivel de abuso”.
Savio comentó que cada año se suman diez nuevas camas a estas instituciones, y si bien el Ministerio de Desarrollo Social estima que hay 11.000 personas que viven en hogares, la cátedra sostiene que este número asciende a 25.000. Esto se debe a que al realizar el conteo, cada prestador del servicio tenía que declararse como tal y decir cuántas personas alojaba.
“Una persona que tiene un hogar irregular no la va a declarar”, agregó Savio. Esta cifra representa el doble de todas las camas existentes en hospitales públicos y privados (alrededor de 12.000). “Esto muestra la dimensión del fenómeno”, dijo Savio.
Uruguay tiene unas 460.000 personas mayores de 65 años, lo que representa el 14,1% de la población, según el último censo del 2011. En tanto, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 4% y 6% sufre maltratos físicos. Estos son los únicos datos existentes a nivel nacional sobre el tema.
“Carecemos de registros o estadísticas oficiales y los sistemas de detección e información no consideran a esta población de riesgo. Se trata de un grave problema mayor de salud pública y políticas sociales, que raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos”, expresa la declaración.
En este sentido, Savio menciona la exclusión de los ancianos como víctimas, en las encuestas que se realizan sobre violencia doméstica en centros de salud, así como la falta de un “Código del Adulto Mayor” que asegure sus derechos, principalmente en los casos de personas que viven en situación de dependencia.
En tanto, la cátedra declara que el abuso a este sector de la población no forma parte de la currícula de formación en recursos humanos en el área de la salud, ciencias sociales o Poder Judicial.
“Esto genera que muchas veces se tomen resoluciones erróneas, como por ejemplo que el abusado termina internado en un hogar con malas condiciones y el victimario se queda con la casa de ese adulto mayor”, dice el texto.
“El plan de envejecimiento podría haber sido más incisivo, más que nada en el sistema sanitario”, comentó Savio, quien consideró que no se invierte en esta población lo que el sistema paga por cápita a cada mutualista por los mayores de 65 años, que oscila entre $ 2.207 y $ 3.341.
