MEF aceptó críticas y modificará proyecto de acciones al portador

La información irá a la Auditoría Interna y habrá fuertes sanciones para evitar el tráfico de datos

El Ministerio de Economía decidió dar marcha atrás y modificará el proyecto de ley –que ya había redactado– sobre identificación de acciones al portador. Empresarios y tributaristas habían presionado con una serie de críticas que, según supo El Observador, serán tenidas en cuenta por las autoridades.

Una de las principales modificaciones que se introducirá refiere a que no será la Dirección General Impositiva (DGI) el organismo que recibirá los datos sobre los dueños de las compañías. Ahora se propone que sea la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que es actualmente la unidad que controla la creación y funcionamiento de las Sociedades Anónimas. Ese aspecto había sido sugerido por expertos en tributación.

Otro de los cambios apunta a las personas jurídicas extranjeras propietarias de empresas en Uruguay. Se analiza exceptuar de reportar a la AIN a las firmas internacionales “que no tengan una actividad sustantiva en el país”. Economía aún no definió el criterio que utilizará para determinar cuándo una actividad es sustantiva.

Para asegurar la confidencialidad de la información, se establecerán además fuertes sanciones a los funcionarios de la Auditoría que hagan un mal uso de la información que reciban, teniendo en cuenta que los datos sobre los propietarios de sociedades anónimas estarán a resguardo, algo que aseguraba la DGI por estar amparada en el secreto tributario.

El tema fue analizado el lunes en la sede del Ministerio de Economía en una extensa reunión que mantuvieron asesores del ministro Fernando Lorenzo con especialistas de estudios jurídicos.

Según supo El Observador, entre los convocados, estuvieron expertos de KPMG; Deloitte; PwC; Ernst & Young; Ferrere Abogados; Posadas, Posadas & Vecino; Guyer & Regules; Sanguinetti/Fodere; y del estudio Atchugarry, Brum, Costa y Testa.

El gobierno pidió absoluta reserva sobre el encuentro y varios participantes, ante consultas de El Observador, se negaron a hacer comentarios.

El tema también fue abordado ayer por el ministro Lorenzo y una delegación de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), que planteó su preocupación por el efecto que puede tener en las inversiones los cambios propuestos al régimen societario más difundido del país.

Ariel Cagnoli, presidente de la APPCU dijo a El Observador que salieron del encuentro “confiados y tranquilos” porque percibieron “que se va hacia un camino de equilibrio para todas las partes”.

Por la APPCU también participaron Ricardo Weiss y Aníbal Durán. La Asociación había cuestionado tanto el proyecto sobre acciones al portador como el tratado de intercambio de información tributaria con Argentina. Sobre este convenio –que aún negocian los gobiernos– los empresarios quedaron conformes porque no será retroactivo, impedirá la presencia de inspectores de un país en el otro e instalará el sistema de crédito fiscal que será útil para evitar la doble tributación. Cagnoli había dicho que la gremial recibió varios planteos de privados que dejaron sus proyectos en suspenso hasta ver cómo se resuelve el tema de las sociedades anónimas.

A nivel privado, el proyecto original sobre acciones al portador fue criticado por abogados tributaristas. En el Poder Ejecutivo, incluyendo el entorno del presidente José Mujica, se tomó nota y se reconoce que se está ante un tema “sensible”, según fuentes oficiales.

En un seminario organizado el 8 de febrero por la Cámara de Comercio, abogados como Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause; Nicolás Juan, del estudio Guyer & Regules; Ignacio de Posadas, de la firma Posadas, Posadas & Vecino; Carlos Loaiza, del estudio Sanguinetti/Fodere; y Alberto Varela, de Ferrere Abogados, cuestionaron las atribuciones “injustificadas” que otorgaba el proyecto actual al fisco, y afirmaron que se fue más allá de lo que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para los expertos, la posición de Uruguay, puede constituirse en un freno al ingreso de capitales, e incluso advirtieron que el derecho a la intimidad está siendo vulnerado por la actual administración.

En la misma línea, Enrique Lussich Puig, en un informe para la Cámara Mercantil de Productos del País, afirmó que el proyecto sobre acciones “parece un exceso”. El gobierno aceptó modificar el régimen societario para cumplir con la exigencia de la OCDE que vio en las acciones al portador un mecanismo por el cual se puede ocultar información.

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