MEF atendió críticas y corrige el proyecto de acciones al portador
El Ejecutivo quiere que la normativa se apruebe rápido para solicitar revisión ante OCDE
El Ministerio de Economía, el Banco Central (BCU) y legisladores del oficialismo culminaron ayer la redacción de un nuevo proyecto de acciones al portador que atiende la mayoría de las críticas que habían surgido en el Parlamento por el alcance de algunos artículos. El gobierno espera que la nueva normativa pueda ser aprobada “rápidamente” en el correr de este mes para que Uruguay pueda solicitar la revisión de la fase I del Foro de Transparencia Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a mediados de año.
Una fuente de Economía explicaron ayer a El Observador que el nuevo proyecto pretende precisar algunas funciones que el Banco Central (BCU) había objetado. “Estuvimos de acuerdo con las objeciones que planteó el Banco Central y por eso accedimos a redactar un nuevo proyecto”, explicó.
“No hay ningún cambio que modifique la filosofía del proyecto.”, precisó a El Observador el diputado oficialista, Alfredo Asti.
Según las fuentes, fueron "ajustes técnicos que debían armonizarse" a las tareas que ya estaban bajo la órbita del Banco Central para que no se dieran conflictos. Precisamente, el titular del BCU, Mario Bergara, había advertido en el Parlamento la semana pasada que la institución no podía ser la “Policía” del cumplimiento del registro de las sociedades anónimas y que no contaba con los recursos para aplicar sanciones.
Por eso ahora el Art.3 se dividirá en dos. Se precisará que será la Auditoría Interna de la Nación (AIN) el organismo que controlará que se cumpla con el registro de sociedades con acciones al portador, y se encargará de aplicar las sanciones y cobrar las multas. Esa entidad ya se encarga de verificar que las sociedades cumplan con los requisitos estatutarios, explicó Asti. Mientras, el BCU solamente será el custodio del registro, y comunicará a la AIN qué empresas presentaron la declaración jurada informando la titularidad de las participaciones.
Por otro lado, se aclarará en el Artículo 1, según las fuentes de Economía, que solamente los fideicomisos que estén registrados ante la Bolsa de Valores deberán inscribirse ante el nuevo registro, y no aquellos que ya están regulados por el la ley del Mercado de Valores del BCU. Una de las dudas que queda aún es cómo se registra un fideicomiso que no cotiza en Bolsa y tenga una participación nominativa, admitieron.
Otra crítica (Art.8) que también se corregirá del anterior proyecto, es una de las observaciones que realizó la Asociación de Bancos Privados sobre la suspensión de las empresas para operar con el sistema financiero en caso que incumplan con el registro de los titulares de las acciones.
En la nueva redacción, la sanción se limitará a la suspensión del certificado único, que impide en la interacción con las entidades financieras únicamente solicitar créditos, pero podrán mantener las demás operaciones con los bancos. En la redacción anterior se disponía la quita del certificado único de operación, pero además se prohibía “la posibilidad de realizar cualquier tipo de operación ante el sistema financiero, con excepción de los inherentes a la cancelación de obligaciones tributarias”. Este último aspecto fue suprimido en el nuevo texto.
“Sería un contrasentido si se le prohíbe a 40.000 empresas pagar el sueldo por el sistema bancario”, reconoció Asti. Por otro último, el artículo 19 referente al secreto bancario, también tendrá ajustes. El nuevo proyecto precisará que el secreto bancario solamente se levantará en los casos que la DGI solicite acceder a la información para el caso de los fondos de inversión y la ley del Mercado de Valores. La redacción anterior facultaba a la DGI a acceder al secreto bancario de forma general.
Debes
El experto tributario, Carlos Loaiza, y el Colegio de Contadores comparecieron ayer ante la comisión de Hacienda de Diputados para dar su punto de vista sobre el proyecto de ley que (hasta ese momento) estaba bajo discusión.
Según dijo Loaiza a El Observador la norma que promueve el Ejecutivo en términos generales es correcta aunque hay algunos puntos que observó la OCDE que no están tan claros. Uno de ellos está referido a que este organismo considera que deberían ampliarse las posibilidades para levantar el secreto bancario. También a juicio del experto no está claro en la nueva ley los límites que tiene en Uruguay el secreto profesional.
