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El Ministerio de Desarrollo Social iniciará, junto a varios organismos, un relevamiento del cumplimiento de las prestaciones sociales que otorga para identificar si los beneficiarios cumplen con las contrapartidas propuestas. En general quienes reciben la asistencia del gobierno deben comprometerse a enviar a sus hijos al sistema educativo formal y asistir a controles de salud.

Sin embargo, el ministerio no quitará esas partidas de dinero con las que en algunos casos ayuda a las familias si descubre que no cumplen con lo que se comprometieron a la hora de recibirlas. Lo que hará, según dijo a El Observador el subsecretario de esa cartera, Lauro Meléndez, es “ayudarlos a que cumplan”.

“Si comprobamos que una familia no manda a los hijos a la escuela, y concurrimos al lugar y vemos que no hay condiciones de tipo cultural para entender el ejercicio del derecho que se plantea, en vez de quitar la prestación, la idea es ayudar a cumplirla. La idea no es sacar el derecho, sino promover el ejercicio de los derechos. Es una herramienta de corte de potencialidad y desarrollo más que punitiva”, agregó.

Sí se dejará de otorgar beneficios si se comprueba que quienes los reciben dejaron de estar en condiciones para hacerlo.

Meléndez indicó que el nuevo plan de controles es “casi personalizado”, y que servirá para hacer un trabajo “integral” con las políticas que se llevan adelante.

Sin condiciones
Si bien una de las contrapartidas es la asistencia al sistema educativo, por el momento no se exigirá que los niños y jóvenes tengan desempeños determinados en cada curso. Bastará con que concurran a clases. “El tema del control de resultados se realizará más adelante”, dijo Meléndez.

El gobierno tiene en marcha un plan de apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan. En este programa denominado Jóvenes en Red “por ahora no se está trabajando con el rendimiento porque hay situaciones de vulnerabilidad muy grande”, dijo el jerarca. “Hay que trabajar mucho con las familias y con el entorno, para ir de a poco en los procesos educativos. Por el momento es así. Está en el horizonte luego controlar el rendimiento porque hay experiencias favorables que dieron buenos resultados”, agregó Meléndez.

El jerarca indicó que serán unos 30 mil hogares sobre los que se analizará especialmente el cumplimiento de las prestaciones, y allí participarán también los ministerios de Salud Pública, Educación, Trabajo y Vivienda, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Banco de Previsión Social, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Cada uno de esos organismos brindará información acerca de si los niños asisten a clases, concurren asiduamente a controles pediátricos o de salud en general, entre otras cosas. También se controlará el seguro de desempleo y los planes de vivienda.

El plan de intercambio de datos entre los organismos se prevé que comenzará el próximo mes. Según dijo Meléndez, la experiencia ya se realizó el año pasado en tres organismos, con buenos resultados.

El cruzamiento de información se realizará a través de una plataforma informática. Cada organismo proveerá los datos, se analizarán por separado y luego se realizará el cruzamiento sobre cada una de las familias seleccionadas. Las autoridades ya realizaron el año pasado unas 20 mil visitas a beneficiarios de distintos planes, y para los próximos dos años se realizarán 60 mil entrevistas. “Vimos que muchas personas tenían derechos que no ejercían y al revés también. Por eso si están recibiendo prestaciones que no les corresponde, en ese caso sí se les quitará”, agregó el jerarca.

El Mides dispondrá de unas 120 personas para realizar todo el trabajo de cruzamiento de datos. El resto de los organismos dispondrá también de personal especial para esta tarea. El ministerio cuenta con 35 oficinas territoriales en todo el país desde donde se hacen los trabajos de visita a las familias beneficiarias de los planes. l

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