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El gobierno uruguayo maneja con preocupación la posibilidad de que el resto de la agenda bilateral con Argentina se vea afectada por el ánimo de la administración kirchnerista, a partir de la nueva crisis diplomática por la fábrica de pasta de celulosa UPM (ex Botnia). Según evaluaron en la Torre Ejecutiva el canciller Luis Almagro y otros asesores oficiales con el presidente José Mujica, sería esperable una reacción desde la Casa Rosada que afecte los temas de interés para Uruguay en la relación, tanto comercial como política, explicaron a El Observador fuentes de la Torre Ejecutiva. “Tenemos miedo”, dijo uno de los funcionarios consultados.

El jueves 3, cuando reapareció públicamente Almagro para responderle a su colega argentino Héctor Timerman, dijo al pasar entre sus argumentos que esperaba que la nueva crisis no tenga efecto sobre los puntos pendientes de la agenda. “Esperamos conciliar con la otra parte, como lo hablamos el día martes, una posibilidad de salida a esto. Espero que lo acontecido no sea obstáculo para negociaciones que continúen, tanto en cuanto a la propuesta que hemos presentado sobre el tratamiento de efluentes de modificación del digesto, como de modificación para otros temas”, dijo el jerarca.

Ayer, el diario argentino Ámbito Financiero, informó que con la demanda en La Haya por este caso se inicia una “embestida” oficial de los K contra Uruguay, que incluirá una serie de “medidas restrictivas comerciales, de conectividad y diplomáticas contra Uruguay”.

Entre los principales temas de interés para Uruguay que dependen de la voluntad argentina está la profundización del dragado del canal Martín García, una obra fundamental para el comercio exterior. Hace un par de semanas, sin embargo, se divulgó un comunicado conjunto que habla de un acuerdo para comenzar a dragar a 34 pies en el correr de 2014.

Otra de vital importancia es la ampliación de la terminal portuaria de Nueva Palmira (Colonia). Allí, se presentaron dos empresas para construir muelles de acopio de productos. La propuesta de la primera fue presentada en 2007 a la delegación de Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La segunda llegó al otro lado del río en 2008. Lo que le falta a Uruguay es cumplir con una simulación del impacto que provocaría la obra, una exigencia impuesta por Argentina.

El listado se completa con otros asuntos, como el dragado del río Uruguay. Esa obra cambiaría de forma drástica la navegabilidad de la vía, ya que podría ser transitada por buques con calado de 23 pies hasta Fray Bentos y de 17 pies hasta Paysandú. Ese tema terminó su proceso en CARU y se encuentra a estudio de las cancillerías. Otras pendientes son la habilitación a una empresa láctea de Paysandú y la construcción de un puente para conectar Bella Unión y Caseros, con una inversión de US$ 100 millones. También deberá atravesar ese camino la instalación de una aceitera en La Agraciada (Soriano), por parte de la empresa CereOil, ya que proyecta construir un muelle y ganarle un kilómetro al río.

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