La decisión del gobierno de no tirar del todo la disciplina fiscal por la ventana mitiga las amenazas que rondan a una economía que está en baja de revoluciones. La crisis global, con sus turbulencias financieras en Europa y un nocivo proteccionismo creciente en la región, ha ido bajando el pronóstico de crecimiento del PBI uruguayo para este año, estimado ahora en 4% en el mejor de los casos. Como si la coyuntura externa no fuera peligro suficiente, el grupo de asesores del presidente José Mujica y algunos sectores del Frente Amplio buscaban aprovechar la Rendición de Cuentas para aumentar el ya excesivo gasto público a niveles potencialmente desastrosos en términos de solidez y confianza.
Pero la última sesión del gabinete deparó la sorpresa de la aprobación gubernamental de la venidera rendición tal como había sido propuesta por el equipo económico que encabeza el ministro Fernando Lorenzo. Quienes promovían incrementar aun más partidas presupuestales atendieron finalmente el peligro que significaba para el país. De todos modos, la rendición incorpora US$ 140 millones recaudados por encima de lo previsto, con el argumento falaz de que se trata de un excedente fiscal que puede gastarse. No existen excedentes en un país que tiene déficit fiscal. Es como decir que me sobra la plata porque no pago lo que debo. Si la recaudación superó lo anticipado, esos recursos debieron asignarse a bajar un déficit que se encamina este año a duplicar la previa estimación oficial.
Por otra parte, ese aumento del gasto se justifica aun menos al ir mayoritariamente a la educación y la salud, áreas que andan a los tumbos por ineficacia de conducción. Antes de seguir gastando hay que asegurarse por lo menos el buen resultado de la inversión, lo que ciertamente no es el caso con la salud y la enseñanza estatal. Pero al aceptar la propuesta de Lorenzo y descartar las presiones por más incrementos, el gobierno al menos reconoció que hay límites al gasto en programas sociales obviamente deseables pero que requieren financiación genuina y no voluntarismo político.
No está claro si la decisión gubernamental fue producto exclusivamente de prudencia fiscal o si incidió la necesidad de atenuar el impacto público de las divisiones internas del Frente Amplio, azuzadas por las recientes elecciones en la alianza de izquierda. Fue significativo que el anuncio lo hicieran ante la prensa en forma conjunta el ministro Lorenzo y el director de la OPP, Gabriel Frugoni, para proyectar una imagen de consenso. Frugoni, quien lidera el equipo de asesores de Mujica que frecuentemente disiente con el titular de Economía, sorprendió incluso con la cambiada admisión de que "no hubiera sido de responsabilidad hacer un incremento" aun mayor.
Lo más trascendente para el país, de todos modos, es que lo ocurrido en torno a la Rendición de Cuentas confirma la línea macroeconómica impuesta por el actual vicepresidente Danilo Astori como ministro de Economía en el primer gobierno frenteamplista hace siete años. Pese a no haberse aprovechado plenamente los nueve años de bonanza de crecimiento que tuvo el país para aplicar políticas contracíclicas, esa política ha logrado poner parcial coto a presiones para incrementarlo a niveles difícilmente compatibles con la seriedad macroeconómica.
Mitigada amenaza fiscal
La decisión del gobierno de no tirar del todo la disciplina fiscal por la ventana mitiga las amenazas