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MPP activa debate parlamentario con propuestas por US$ 100 millones
El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó públicamente 20 proyectos de ley orientados a reactivar la economía y mitigar los efectos de la emergencia sanitaria en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con estas propuestas –que suponen una inversión de US$ 100 millones de dólares– el sector más votado del Frente Amplio (FA) pretende activar el debate parlamentario en la previa al comienzo de una nueva legislatura (1° de marzo), instalar el tema de la reactivación económica en la agenda pública y buscar que el oficialismo se manifieste sobre la "crisis económica y social" que vive el país.
Esto, además, se da al mismo tiempo que los socios de la coalición de gobierno reclaman al gobierno de Luis Lacalle Pou más medidas económicas.
"Es momento de ponernos a trabajar en atender la situación de crisis económica del país, que es parte de un diagnóstico común que no admite la menor demora. Hemos escuchado propuestas del Partido Colorado, el Independiente y Cabildo Abierto que están planteando ir en la misma dirección: que el Estado se haga cargo de inyectar recursos para que la economía despegue", señaló el senador Alejandro "Pacha" Sánchez en una conferencia de prensa realizada este lunes en el Parlamento.
Sánchez –electo diputado, pero que asumió la banca en el Senado una vez que José Mujica renunció– sostuvo que es necesario que el Parlamento trabaje sobre "medidas concretas" para "atender la emergencia social", producto de una "crisis social y económica agudizada por la pandemia".
La bancada bicameral del MPP –compuesta por 5 senadores y 24 diputados– se reunió este lunes para terminar de pulir los proyectos de ley, que ya fueron presentados a los demás legisladores del Frente Amplio pero que iniciaran el trámite parlamentario formal en las próximas horas. Como la oposición no tiene las mayorías suficientes para aprobar por sí sola alguno de estos proyectos de ley, los legisladores deberán negociar con el oficialismo para que alguna de las medidas planteadas prospere.
"Si no son estos (proyectos de ley) pero atienden la situación, estamos dispuestos a discutirlos y acompañarlos", sostuvo Sánchez en la conferencia de prensa de este lunes.
El senador recordó que el Frente Amplio ha hecho "muchas" propuestas al Poder Ejecutivo –primero a principios de 2020 y luego a finales de ese año– y que lo que se busca ahora es "transformar ideas y medidas que se vienen discutiendo en proyectos de ley".
Los proyectos
El MPP propone crear una "canasta de servicios básicos" con una vigencia de 90 días para los "hogares de menores ingresos", según el documento elaborado por el sector frenteamplista. Eso incluye servicios públicos como la luz, el agua y la conexión a internet. La canasta consiste en implementar un "cargo fijo" para UTE y OSE, así como establecer una cobertura de 100 gigabytes de Antel por hogar "que se duplicará cuando inicie y mientras dure el año lectivo".
Por otra parte, el MPP sostiene que es necesario suspender los desalojos y lanzamientos de viviendas de aquellos hogares con menores ingresos durante la emergencia sanitaria y los 90 días posteriores a su cese. Esta medida también se extiende a los asentamientos.
También se propone topear el incremento de precios de los productos de la canasta básica, actualizado mes a mes.
Para promover el empleo, los emepepistas idearon un proyecto que extiende la "cobertura del seguro de desempleo" durante la emergencia sanitaria, aumentando a ocho meses la cobertura en el caso de los despidos y a seis en el caso de suspensión total.
En el paquete de proyectos de ley también hay medidas como la suspensión del desalojo y lanzamiento en pequeñas y medianas empresas durante la emergencia sanitaria y los 90 días posteriores a su cese, postergar los pagos de distintos tributos, así como facilitar el acceso a créditos con tasas accesibles.
Respecto al área de la salud, hay proyectos de ley para unificar los criterios de las certificaciones médicas; promover el acceso equitativo a las camas de CTI a través de un sistema institucionalizado, así como la ampliación del registro del personal de salud para que abarque también a trabajadores de residenciales.
