Mujica pidió un informe global sobre la relación con Argentina
Formó una comisión de seguimiento con los ministerios de Economía, Industria y Cancillería
El presidente José Mujica decidió formar una comisión integrada por representantes de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Industria, para estudiar el estado actual de las relaciones comerciales con Argentina, cuyo gobierno elevó las restricciones para el ingreso de productos a ese mercado. El mandatario pidió que el análisis se haga en forma global abarcando todos los temas y no únicamente el comercial.
En cuanto a las posibles soluciones, mencionó que “los mecanismos de queja tienen que ser dentro de los ámbitos que hoy están planteados como el Consejo del Mercosur y, eventualmente, la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. El viernes el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi mostró su disposición a que Uruguay denuncie a Argentina ante la OMC, extremo que fue rechazado por Mujica.
El mandatario, en declaraciones al diario La República, dijo el domingo que los “señores industriales” que piden ir a la OMC “seguramente no hablaron con los interesados en el turismo”. “Esto no es un problema simple y a mí me espanta la enorme ingenuidad con que se planta el sistema empresarial del Uruguay, que tiene razones para rezongar, pero a veces hacen propuestas que no las piensan”, afirmó. En la nota, el mandatario reconoce que las relaciones comerciales con Argentina “están complicadas”.
Según fuentes gubernamentales de El Observador, en el consejo de ministros de ayer el presidente pidió que en el análisis técnico del relacionamiento con Argentina “se tenga en cuenta el panorama global de las relaciones” es decir que, además del comercio –donde hoy se registran dificultades–, se analicen las inversiones inmobiliarias y el turismo, sectores donde los argentinos son los principales clientes.
Según supo El Observador, entre las posibilidades está enviar una delegación de alto nivel a Buenos Aires, integrada por ministros y técnicos, con una lista de los temas que deban resolverse.
De todos modos, más allá de las molestias que generaron en el Poder Ejecutivo las decisiones de la administración de Fernández, se mantendrá abierto el diálogo que es la vía, según el oficialismo, que mejor resultados dará al país.
Las medidas tomadas por Argentina para proteger a su industria y evitar la fuga de capitales comenzaron con licencias no automáticas a las importaciones que frenaron el flujo exportador uruguayo, sobre todo de textil. Concomitante, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, presionó a los supermercados para que no compren fuera de frontera productos fabricados en Argentina, lo que impactó en las ventas uruguayas de alimentos. Luego surgió la idea de exigir declaraciones anticipadas para la importación de bienes, que se convirtió en otro obstáculo, y siguieron las trabas para adquirir dólares. Finalmente, la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial argentino que desde abril las empresas que compren servicios afuera por más de US$ 100 mil al año o mensualidades superiores a US$ 10 mil deberán presentar una declaración anticipada. Esta última medida provocó desconcierto a nivel de los ministerios de Industria y Economía.
El impacto sobre los servicios aún no está determinado. Por eso la Cámara de Zonas Francas solicitó a sus usuarios información sobre los efectos que tienen las medidas argentinas para los usuarios de esos enclaves. El presidente de esa cámara, Daniel Carriquiry, dijo ayer a El Observador que una vez determinada la magnitud del impacto solicitarán una entrevista con el ministro Fernando Lorenzo (Economía).
Argentina es el principal destino de la exportación de servicios logísticos, dijo Carriquiry, pero además también demandan servicios profesionales, de auditoría, informáticos y de software, financieros y call center, entre otros.
En la reunión del gabinete, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, hizo un informe sobre su viaje a Brasilia y destacó la comprensión y buen vínculo con el gobierno de Dilma Roussef.