Con el membrete a todo color de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, un número de expediente y la firma del director general de Torre Ejecutiva, Diego Pastorín, se dio trámite a principios de diciembre a una resolución que ilustra hasta dónde es capaz de ir la burocracia.
El objetivo fue declarar “fuera de uso” y “sin destino administrativo útil” algunos materiales, ya que el casi infinito Tocaf ordena a los organismos públicos en su artículo 83 a no mantener en inventarios bienes muebles sin destino administrativo útil. Es decir, indica que las oficinas públicas tienen que tirar todo lo que no usan ni tiene posibilidad de ser donado.
Así fue que la Presidencia destinó tiempo y recursos para proceder en consecuencia para el caso de su Departamento de Servicios Generales. La resolución del 8 de diciembre puso la burocracia al servicio de una volqueta. Más claro: se movilizó parte de la estructura de la casa de gobierno para tirar basura.
Desde el punto de vista formal, el procedimiento parece correcto y, si las normas administrativas así lo indican, resulta incluso necesario. Sin embargo, ese y otros actos simples de la burocracia cotidiana muestran hasta dónde está dispuesta a llegar la formalidad superflua del Estado.
Cinco sillas (cada una con su número de serie correspondiente); dos sillones (también con su código); dos calefones de 20 litros; “pedazos” de sillas azules y grises; un destructor de documentos; cinco cajas de “desechos varios”, como madera, vidrio, y trozos de plástico; dos alfombras de goma; dos tanques azules de hierro, dos estantes metálicos; y dos trozos de caño de 200 milímetros de diámetro. Todos esos elementos integran el listado de bienes fuera de uso y sin destino administrativo útil en Presidencia que fueron a parar a una volqueta antes de terminar 2014. La resolución mantiene las formas más solemnes desde el punto de vista jurídico. Enumera un “visto”, “resultando”, “considerando” y “atento”, para luego establecer la resolución oficial en tres puntos. Y así fue publicada en el sitio en internet del Poder Ejecutivo.
El domingo 12 de octubre de 2014 empataron uno a uno Defensor y Sud América en el estadio Luis Franzini del Parque Rodó. Abrió el marcador el delantero Ignacio Risso para los violetas y, sobre la hora, empató Gastón Colman para el equipo buzón. Ninguno de los dos peleaba a esa altura del Torneo Apertura del fútbol uruguayo posiciones de liderazgo. Sin embargo, ese día quedó registrado en la burocracia uruguaya por el incumplimiento de los organizadores al no emitir el Himno Nacional, ya que en tal fecha se conmemoraba día feriado en Uruguay por el Día de la Raza. Por disposición municipal, los espectáculos públicos deben emitir estrofas del himno.
Una inspección de la comuna capitalina constató que en ese partido no se cumplió con la obligación antes de comenzar el juego, y la administración aplicó una multa de $ 12.320 (16 unidades reajustables) a la Asociación Uruguaya de Fútbol. El trámite duró más de dos meses, ya que la resolución de la IMM tiene fecha 23 de diciembre de 2014.
La sanción por no emitir himnos nacionales en fechas patrias antes de iniciar un espectáculo público tiene al menos dos antecedentes en los últimos años. El anterior fue el 5 de noviembre de 2013, cuando la IMM multó al cine Casablanca con 16 UR por no ejecutar estrofas del fimno en sus funciones en fechas patrias.
Más de 10 años atrás, el 15 de enero, la comuna sancionó de forma similar a la Federación Uruguaya de Basketball porque tampoco cumplieron con esa disposición en un partido entre Aguada y el equipo de Plaza de Nueva Helvecia, disputado en la cancha de Aguada. l
