Política > se debatirá en el recinto
Luego de nuevas modificaciones y concesiones, el Gobierno obtuvo dictamen para la Ley Bases en Diputados
Tras intensas semanas de negociaciones en la Cámara de Diputados, se firmó hoy el dictamen del proyecto de Ley Bases, quedando así listo para su debate en el recinto la próxima semana, entre lunes y martes.
A pesar de que anoche los bloques dialoguistas llegaron a un acuerdo sobre los últimos dos temas en disputa, la reforma laboral y los impuestos al tabaco, durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el texto final experimentó nuevas modificaciones.
Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas susceptibles de privatización, así como el recorte de los artículos relacionados con la defensa de la competencia. Además, se reincorporó el capítulo sobre los impuestos al tabaco, aumentando la alícuota del impuesto interno del 70% al 73%, una medida que el Gobierno había retirado anteriormente alegando "falta de consenso".
En cuanto al Banco Nación y sus seis empresas subsidiarias, como Nación Seguros y Nación Reaseguros, el Gobierno concluyó ayer que no contaba con los votos necesarios para aprobar la medida en el recinto. Ante el riesgo de que algunos artículos sean rechazados, como sucedió en febrero, se optó por posponer el tema.
Privatizaciones, fondos fiduciarios y leyes laborales
El texto del oficialismo recibió el respaldo de 61 firmas de diputados pertenecientes a LLA y al PRO. Por su parte, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias en varios puntos. Los radicales, en particular, mostraron discrepancias, especialmente en relación a la reforma laboral, donde impulsaban artículos que fueron ampliamente rechazados por el sindicalismo, como la eliminación de la cuota solidaria o la consideración de la educación como servicio esencial para limitar los paros. Por otro lado, las disidencias de Hacemos Coalición Federal estuvieron relacionadas con el capítulo del tabaco y la consolidación de las deudas con las cajas previsionales no transferidas en el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El Gobierno optó por mantener únicamente las modificaciones que contaban con un amplio consenso, evitando así un enfrentamiento con la CGT. Entre estas modificaciones se incluyeron la extensión del período de prueba a 6 meses, la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la implementación del fondo de cese laboral.
El listado de empresas susceptibles de ser privatizadas, uno de los temas más controvertidos, fue significativamente reducido. Ahora, solo Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E., e Intercargo podrán ser vendidas en su totalidad.
Además, se prevé la privatización parcial o la concesión de empresas como AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. Por otro lado, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) podrán implementar un programa de propiedad participada o incorporar la participación del capital privado, siempre y cuando el Estado Nacional mantenga el control o la mayoría en el capital social.
Aunque el capítulo del tabaco, que elimina el impuesto mínimo y aumenta la alícuota del impuesto interno del 70% al 73%, no estaba presente en el dictamen de mayoría, el oficialismo acordó incluirlo durante el debate en el recinto. La influencia del lobby de Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, fue mencionada repetidamente por la oposición para denunciar la resistencia del Gobierno y el PRO para reintegrar este capítulo en el proyecto.
En relación a los fondos fiduciarios, cuya discusión desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero, se acordó que si son eliminados se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fue financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, esa asignación se considerará eliminada y el tributo volverá a ser parte de la masa coparticipable, en lugar de ir al Tesoro. En última instancia, estos recursos beneficiarán a las provincias.
Durante la semana, a solicitud de la UCR y Hacemos, el oficialismo aceptó ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrán ser disueltos ni intervenidos. A esta lista se agregarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).
Moratoria previsional
Por otro lado, la eliminación de la moratoria previsional, que permitía a las personas jubilarse sin contar con los 30 años de aportes requeridos, será compensada con la creación de la Prestación de Retiro Proporcional. Este nuevo beneficio permitirá recibir una cantidad acorde a los años de aportes realizados. La fórmula será la Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por cada año de aporte, pero si el cálculo no alcanza la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), se garantizará el pago de este mínimo.
En cuanto al régimen para fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos (RIGI), la Casa Rosada decidió mantener el mínimo de USD 200 millones para incluir a empresas de menor envergadura, pero aceptó que aquellas que ingresen al régimen paguen dividendos: un 7% durante los primeros 7 años y 3,5% a partir de entonces.
La sesión está programada para el próximo lunes y se espera que se extienda hasta altas horas de la madrugada del miércoles 1 de mayo. Ese día, la Confederación General del Trabajo (CGT) tiene prevista una movilización en conmemoración del Día del Trabajo.
