No es Cristina, pero…

Si bien antes de la asunción presidencial muchos analistas planteaban que Alberto Fernández no era Cristina, argumentando que él posee un capital político propio y que Argentina transita otro contexto que dificulta la aplicación de algunas de las políticas públicas del pasado, lo cierto es que, debido a la situación económica que atraviesa el país, parece inevitable la aplicación de medidas fiscales con objetivos recaudatorios, proteccionistas y de corte nacionalista.

El gobierno de Fernández-Fernández asume con un país dividido prácticamente a la mitad y con muy buena sintonía con los industriales y sindicatos, sectores que tenían reparos con algunas de las políticas seguidas por el anterior gobierno liberal. De hecho, tanto la Unión Industrial Argentina como la central sindical mostraron diferencias frente al cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como por los posibles impactos negativos que, para la industria manufacturera, pueden darse por el cierre de un acuerdo con Corea del Sur y Canadá. En ese sentido, es altamente probable que el nuevo gobierno argentino desacelere la agenda externa del Mercosur, como así también el proceso de reforma del arancel externo común propuesto por Bolsonaro.

Las medidas económicas anunciadas por el ministro de economía argentino en el marco de la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya remitida esta semana al Congreso, van en línea con la necesidad imperiosa de reactivar la economía interna y con dar señales hacia los sectores sociales más vulnerables.

Al respecto de las medidas anunciadas, en primer lugar, cabe señalar el mensaje del presidente argentino respecto a los próximos vencimientos de deuda que marcan los compromisos asumidos en el marco del polémico préstamo negociado por la administración de Macri con el FMI. Al respecto, Fernández señaló que, si bien Argentina tiene la voluntad de cumplir con su deuda, no está en condiciones de hacerlo. Se trata de un claro mensaje hacia el organismo y la necesaria reprogramación de los próximos vencimientos.

En cuanto a las medidas definidas por Guzmán, por un lado se destacan las vinculadas con el mercado interno para reactivar la economía como, por ejemplo, el congelamiento de las tarifas, la polémica revisión de los ajustes previsionales, la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, la concesión de bonos para jubilados, la baja en el precio de los medicamentos, y otros beneficios para las pymes. Por otro lado, se aprobaron algunas medidas que tienen impacto negativo directo en Uruguay, especialmente a días de iniciar la temporada turística.

El nuevo gobierno argentino parece repetir la aplicación de medidas restrictivas limitando las operaciones en dólares, fomentando los depósitos en pesos y cobrando tasas a las operaciones de compra de servicios extranjeros. El denominado “dólar turístico” implica el cobro de un dólar al menos 30% superior para los gastos que se realizan en el exterior.

Además, el paquete de medidas anunciadas por el Ministerio de Economía eleva algunos impuestos y sube el tope de los derechos a las exportaciones agrícolas, lo que generará efectos diversos en la economía nacional, pero también en la regional. Las conocidas como retenciones, que en este caso tiene un afán recaudatorio y son violatorias del Mercosur, se transforman en un subsidio indirecto para la industria argentina, ya que muchas industrias reciben su insumo principal a menor precio, lo que favorece la competitividad de las exportaciones de los productos agroindustriales argentinos.

Lo cierto es que las medidas proteccionistas y nacionalistas aplicadas por el gobierno argentino seguirán a la orden del día, lo que naturalmente afectará la relación con sus vecinos; vale recordar que Bolsonaro afirmó que Brasil se iría del Mercosur si Argentina ponía en práctica medidas restrictivas del comercio. En este contexto, para Uruguay es cada vez más urgente diversificar las relaciones económicas con otros mercados, para lo cual se debe avanzar con la misma naturalidad e independencia que siguen los vecinos a la hora de imponer medidas que afectan los intereses regionales.

Ignacio Bartesaghi es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la misma universidad; es doctor en Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.