La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la demanda presentada por los escribanos para que el Estado sea obligado a prorrogar por dos años el ingreso de los profesionales al Sistema Nacional Integrado de Salud (Fonasa) .
Los profesionales pretenden instalar una comisión negociadora. Según la ley, la incorporación debería concretarse el próximo 1º de julio, pero los escribanos se niegan al cambio porque entienden que perderían beneficios que hoy tienen a través de sus cajas de auxilio.
Pero la solicitud de medidas cautelares no tuvo eco en el organismo internacional. A través de una carta enviada a la Asociación de Escribanos, el secretario de la CIDH, Santiago Cantón, informó que la solicitud “no reúne los requisitos establecidos en el artículo 25 de su reglamento”.
El texto al que refiere establece que “en situaciones de gravedad y urgencia” la comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir “daños irreparables” a personas en forma independiente o vinculadas con una organización, grupo o comunidad.
Para considerar si la situación planteada es grave y urgente, la comisión tiene en cuenta si la situación de riesgo fue “denunciada ante las autoridades pertinentes”, entre otras cosas.
En la carta se indica a los escribanos que pueden “presentar información adicional sobre los elementos de gravedad, urgencia y necesidad a fin de evitar daños irreparables”.
La ley 18.211 que consagró el nuevo sistema de salud en 2007, estableció que las cajas de auxilio se eliminen a partir de 2011. Sin embargo, luego se aceptó que las cajas continúen existiendo, pero financiadas por sus propios usuarios.
Los escribanos advirtieron en varias oportunidades que el nuevo sistema significa la pérdida de beneficios que tienen hoy, y que su entrada al Fonasa provocaría impactos negativos en el sistema mutual que, a su juicio, está “superpoblado”.
