La Justicia imputó este martes a una nueva persona involucrada en Operación Océano, una investigación que con este caso suma 33 enjuiciados por presunta explotación sexual de menores.
Según informaron a El Observador fuentes de la investigación, el indagado es un ciudadano peruano que fue detenido por efectivos de Interpol y luego conducido a la audiencia en donde la fiscal Darviña Viera logró que fuera imputado por promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo y por haber mantenido un contacto virtual para mantener conversaciones de connotación sexual.
El hombre –que trabaja para una empresa multinacional– era uno de los dos extranjeros que estaba requerido por la indagatoria, y ahora deberá quedar en Uruguay, sujeto a la investigación.
La Justicia dispuso como medida cautelar la retención de su documento de viaje y la prohibición de acercarse y mantener comunicación con sus víctimas. También, como se ha hecho en la mayoría de los casos, se aplicó el artículo 79 de la ley integral de violencia de género, que establece la suspensión del ejercicio de la patria potestad para "las personas sujetas a proceso" por cometer delitos sexuales.
Las fuentes agregaron que el imputado se vinculó con dos de las 20 víctimas que tiene hasta el momento la investigación, un número que ha ido aumentando a lo largo de los más de ocho meses de investigación, en particular desde que la Fiscalía habilitó en julio una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieron así testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron.
En las últimas semanas, la fiscal Viera solicitó a la jueza Adriana de los Santos que algunas jóvenes comiencen a declarar como prueba anticipada al juicio oral, algo previsto por el nuevo Código del Proceso Penal para las víctimas de delitos sexuales menores de 28 años.
Sin embargo, ninguna de estas instancias tuvo lugar, porque De los Santos aceptó el planteo de algunos abogados penalistas, quienes entienden que no están dadas las garantías para realizar los interrogatorios debido a que aún no están prontas las pericias de la causa.
El último intento ocurrió el 5 de noviembre. Cuando la audiencia comenzó, los abogados de los imputados plantearon sus argumentos y la magistrada prorrogó la instancia.
Por otra parte, la magistrada comunicó al Ministerio Público y a un grupo de seis penalistas –Andrés Añasco, Jorge Pereira Schurmann, Enrique Díaz, Alejandro Balbi, Víctor Della Valle y Alberto Rojas– que habrá otra audiencia el próximo 23 de este mes, en la que se discutirá el acceso a todas las pericias, que aún están siendo procesadas por la Policía Científica.
Esos abogados, más algunos otros, reclaman desde hace semanas tener acceso al legajo completo de la carpeta de investigación de Viera, lo que incluye los análisis realizados a los celulares de todas las víctimas e imputados que contienen los chats mantenidos entre los adultos y las menores en distintas redes sociales o aplicaciones de citas.
De los Santos aceptó los argumentos de los abogados desde un primer momento, cuando suspendió una audiencia fijada para el 8 de octubre, en la que los penalistas iban a presentar el cuestionario con las preguntas a hacer a la principal víctima. La magistrada sentenció que hasta que Viera no comparta la información no se celebrará esa instancia, algo que fue apelado por la fiscal.
En entrevista con el programa Así Nos Va de Radio Carve, la fiscal Viera insistió este martes con su posición, y argumentó que se encuentra en igualdad de condiciones con las defensas, ya que según dijo ella tampoco ha accedido a la totalidad de las pericias.
El 14 de octubre, Viera había avisado en el grupo de WhatsApp que comparte con abogados que ya podía ser retirada al menos una de ellas: la realizada al celular de la principal víctima, pero que el resto de las pericias todavía estaba siendo procesadas, y que "en estos días van a estar prontas". En ese sentido, recomendaba esperar a que todo el material quedara disponible para que los abogados lo retiraran completo, y agregó que la información pesaba dos teras –lo que significa que los datos ocupan al menos 2.048 gigabytes–, por lo que los profesionales debían ir con un disco duro externo para retirarla.
