Oposición piensa financiar planes recortando cargos de confianza, pero son solo US$ 9,7 millones
En la administración central hay 164 funcionarios con cargos de particular confianza; Bordaberry y Lacalle Pou les atribuían un costo mucho mayor al que tienen
Trabajan para el Estado, no pasan por concurso y cobran por mes entre $ 75 mil y $ 125 mil. Su permanencia en el cargo dura, cuando mucho, lo que una gestión de gobierno. Para la oposición, son muchos –demasiados– y vienen en aumento tras dos administraciones del Frente Amplio. Son los llamados cargos de confianza, los elegidos a dedo, la referencia ineludible en los discursos políticos de oposición para evocar el “despilfarro” y el “clientelismo” atribuidos a la gestión de izquierda.
Pero cuando se consulta a los números y se los despoja de toda intención proselitista, resulta que los cargos de confianza no son tantos como sugiere el énfasis que hacen sobre ellos los partidos de oposición y que su eventual recorte no permitiría recuperar significativamente las maltraídas cuentas del Estado.
Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), a los que accedió El Observador a través de una solicitud de acceso a la información, al cierre de abril, eran 164 los funcionarios que ocupaban cargos de particular confianza en la Administración Central. Si bien el documento no precisa cuál es la remuneración de esos cargos, el trabajo de cruzamiento de información realizado por el Equipo de Datos de El Observador permite cuantificar su peso en el presupuesto del Estado.
El gobierno central uruguayo –compuesto por la Presidencia de la República y los 13 ministerios–, destina US$ 9,7 millones anuales para financiar los cargos. Su eliminación por completo mejoraría las cuentas públicas en el equivalente a apenas 0,02% del PIB, cuando el gasto primario del sector público no financiero alcanza a 30,5% del tamaño de la economía. Ni siquiera se haría sentir en el déficit fiscal –tan cuestionado no solo por la oposición sino también por los economistas del sector privado–, que asciende hoy a 3,3% del PIB.
De ese modo, el gasto que ejecuta anualmente el Estado en cargos de confianza se encuentra muy por debajo de los US$ 50 millones que el candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, les atribuye.
En su programa de gobierno, el Partido Colorado promete “eliminar el 50% de los cargos de confianza que los dos últimos gobiernos han creado”. Según el documento, esa escalada en el número de cargos de confianza “ha implicado un importante incremento del gasto” para el Estado.
En el año 2008, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) realizó un relevamiento que mostró que en enero de 2005 había 134 cargos de particular confianza ocupados en la Administración Central. Eso implica que durante las dos administraciones del Frente Amplio se crearon 30 cargos en el escalafón Q. De esta manera, de concretarse al pie de la letra la propuesta del Partido Colorado, se eliminarían 15 cargos con un ahorro que no superaría los US$ 78.000 anuales.
El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou maneja otros números. Señala que hay US$ 43,8 millones para recortar en esta área. Sin embargo, su concepto de “cargo de confianza” es mucho más amplio que el que maneja la legislación vigente. En lo que respecta a los cargos de particular confianza, el candidato dice que los gobiernos del Frente Amplio duplicaron su número y que esos nuevos cargos insumen US$ 15 millones por año del Presupuesto Nacional. Ese número de cargos creados no coincide con los datos que proporciona la ONSC y la OPP, que consideran los puestos efectivamente ocupados dentro de la Administración Central.
Dentro del concepto de “cargos de confianza” de Lacalle Pou entran también dos categorías de ocupación previstas por los presupuestos y rendiciones de cuentas de los últimos dos gobiernos. La primera es la figura del adscripto al ministro de Estado, creado por la ley de Presupuesto de la actual administración.
Según el documento titulado Vínculos laborales con el Estado, elaborado por la ONSC y adjunto por el Poder Ejecutivo al entregar al Parlamento su última Rendición de Cuentas, al cierre del último año había 105 cargos ocupados con esta figura en el Estado uruguayo. A tales efectos, los ministerios cuentan con partidas especiales que varían dependiendo de la cartera, pero que suman en su totalidad US$ 3,2 millones anuales.
La segunda categoría por fuera de los cargos de particular confianza que señala Lacalle Pou es la de los contratos temporales autorizados por el Presupuesto 2010-2014 para distintas unidades ejecutoras, que en su momento se consideraban “imprescindibles” hasta que la reestructura organizacional presupuestara el ingreso de personal a esas áreas. El Partido Nacional señala que de esos “cargos de confianza” se pueden recortar otros US$ 25 millones.
Si bien la cifra no es descabellada, el candidato cae en un error al considerar “cargos de confianza” a puestos que se adjudican por concurso y carecen del carácter discrecional en su contratación con que cuentan tanto los cargos de particular confianza como los adscriptos a los ministros. Los cargos que crean esas partidas están bajo la figura de “contratos temporales de derecho público”.
El decreto que reglamenta esa figura estipula que su selección debe hacerse “mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos” de la ONSC. Esto es, en ningún caso se trata de contrataciones directas. Además, los contratos temporales generados en esas partidas especiales deben cesar al momento en que se reestructuren los programas a los cuales están sujetos, y, por lo tanto, esos cargos deben ser presupuestados o bien desaparecer. Al cierre del año pasado, el Estado contaba con 2.361 contratos temporales de derecho público.
Si bien los candidatos de la oposición cargan sus baterías contra los cargos de confianza de la Administración Central, los números procesados por el Equipo de Datos de El Observador a partir del documento Vínculos laborales con el Estado, elaborado por la ONSC, muestra que la mayoría de esos puestos se encuentran concentrados en otras áreas del Estado, en particular en las intendencias.
De los 603 cargos de confianza que había en el Estado al cierre del año pasado, solo 27% se encontraban dentro de la Presidencia de la República y de los ministerios. El 10% se encuentra en otros organismos, en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en los entes públicos. El grueso de los cargos de particular confianza (63%) están en las intendencias.
El gobierno municipal con mayor cantidad de cargos bajo esta figura es el de Maldonado, con 81 cargos de particular confianza, la mitad de los que posee la Administración Central del Estado. Le sigue de cerca la Intendencia de Canelones, con 79 cargos, y atrás viene Salto, con 44. La Intendencia de Montevideo cuenta con 42. Los municipios de Cerro Largo, Colonia y San José cuentan con un único cargo de particular confianza en sus plantillas.
Otra forma de considerar la distribución de esos cargos en las distintas dependencias del Estado es evaluar su participación en el total de funcionarios. Mientras que en la Administración Central hay un cargo de particular confianza cada 454 funcionarios, en la Intendencia de Colonia hay uno cada 1.465 empleados, y en la de Maldonado, uno cada 37. También en Salto, Canelones, Río Negro, Paysandú y Lavalleja hay un cargo de confianza cada menos de 100 funcionarios.
(Producción: Martín Viggiano)
