Oposición propone fortalecer Ministerio de Educación para recuperar control del área
Desde Todos y Vamos Uruguay quieren otorgar a la cartera mayor injerencia en la política educativa
Recuperar la conducción política en la educación es un objetivo que se han planteado varios actores políticos del ámbito nacional. Ya en 2012, cuando el gobierno negoció con la oposición el fallido acuerdo educativo, el presidente José Mujica pidió a los líderes políticos su apoyo para otorgar al presidente del Codicen el doble voto. Su objetivo: recuperar el poder político en la educación.
Hoy, en plena campaña electoral, algunos sectores de la oposición señalan que esa conducción política debería provenir de más allá de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo que conduce la educación. Para hacerlo el sector Todos del Partido Nacional, liderado por Luis Lacalle Pou y Vamos Uruguay del Partido Colorado, bajo el liderazgo de Pedro Bordaberry, proponen fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en su papel de artífice de políticas educativas.
En el programa de gobierno de Lacalle Pou se señala que esta sería una forma de fortalecer el control ciudadano sobre el sistema educativo. Esta idea ya había sido adelantada en noviembre del año pasado por el eventual ministro de Educación del candidato nacionalista, Pablo Da Silveira.
En un evento organizado por las cámaras empresariales, Da Silveira manifestó lo “estrafalario” del sistema educativo uruguayo. “En Uruguay el ministro de Educación se ocupa de cosas muy raras como el Correo, el Registro y los fiscales”, mientras que en el plano educativo solo regula los jardines de infantes y las universidades privadas, apuntó.
Un ministro importante
“El sistema educativo en nuestro país tiene una forma estrafalaria que no se parece a ninguna a nivel mundial” y se ha convertido en “el principal enemigo” para progresar, aseguró.
Da Silveira sostuvo que este diseño institucional es único en el mundo, ya que en la mayoría de los países democráticos, el ministro de Educación tiene un lugar privilegiado en el gabinete y responde al Parlamento. En Uruguay en cambio la mayor parte de las políticas educativas las lleva adelante el Codicen, que no responde al poder político.
Para el especialista esto debería cambiar. “En su momento se hizo para aislar a la educación de la política. Algo que nunca se logró”. Da Silveira considera que en la actualidad a “los únicos a quienes el Codicen puede tenerle miedo” es a los funcionarios y a las corporaciones porque pueden paralizar la actividad. “El Poder Ejecutivo ni siquiera puede cortarle los recursos porque no le conviene. Si lo hace, le encienden la pradera”.
En este sentido, el programa de Lacalle Pou propone “separar la función rectora de la educación (fijar metas nacionales, asignar recursos, evaluar resultados), que debe realizarse bajo el control del Parlamento, de la organización de la provisión de los servicios educativos (que es tarea privativa de ANEP)”.
Según se explica, esto está previsto en la Constitución, modelo que se “ve reforzado por la descripción de tareas que corresponden al MEC en la última Ley de Educación”. “El respeto de la autonomía es compatible con un mayor control ciudadano sobre las orientaciones estratégicas o metas nacionales en materia educativa”, concluye.
En sintonía con esto, para Da Silveira el ministro de Educación debería tener mayor relevancia dentro del gabinete, y constituirse en uno de los secretarios de Estado de más relieve.
El ejemplo de Sanguinetti
La semana pasada, en un nuevo evento de las cámaras empresariales, el asesor en educación de Pedro Bordaberry, Robert Silva propuso algo similar. “En educación se necesita liderazgo político, y este tiene que ir más allá del discurso”, afirmó. “Proponemos establecer una política nacional de educación, que debe ser liderada por el MEC, con un participación activa. Tiene que rendir cuentas y tomar decisiones”, agregó.
En conversación con El Observador, Silva explicó que el MEC se debe constituir en el “órgano directivo de la política nacional. Tiene que establecer la política y velar por su cumplimiento”. Según expresó, esto lo debe hacer con el liderazgo del presidente de la República y en sintonía con la ANEP, de donde provendría el aporte técnico, y quien debe coordinar sus políticas con el Poder Ejecutivo.
Silva señaló que esto no viola la autonomía de la ANEP, ni hace necesario reformar el sistema educativo. “El Uruguay ya tuvo una experiencia en esto en 1995, cuando Sanguinetti lideró la reforma educativa con el apoyo de Rama desde el Codicen”, aseguró.
Lo primero que hay que hacer es definir es un proyecto nacional para transformar la educación, el cual debe estar incluido en el presupuesto nacional, de cara a los cinco años de gobierno. Luego se necesita un sólido respaldo técnico docente y marcado liderazgo político, puntualizó.
