Oposición venezolana organiza resistencia bajo presión chavista
Gobierno detiene a líderes opositores, que llaman a "detener el fraude" de la Constituyente
La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se prepara para resistir en la calle y de forma organizada las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente, al tiempo que desde el régimen chavista presionan sobre los líderes de esa agrupación con detenciones catalogadas de "arbitrarias".
La MUD juramentó este domingo a los Comité de Rescate de la
Democracia (CRD), conformados por grupos de ciudadanos que se encargarán de organizar a sus comunidades para "detener el fraude" de la Constituyente de Maduro.
"Juramos ante Dios y la república respetar y hacer respetar los principios por los cuales se levanta esta nación: independencia, libertad y justicia, y de trabajar sin descanso por la reconstrucción de nuestro país", dijo el diputado Juan Andrés Mejías como juramento del CRD del municipio capitalino Baruta.
En el acto, los ciudadanos juraron también "defender la democracia" y "no dejar las calles y resistir lo necesario hasta vencer".
Mejía, en compañía de otros
diputados y del alcalde de Baruta, el opositor Gerardo Blyde, aseguró que este acto se está realizando en los 355 municipios del país.
Así lo informaron también los dirigentes y diputados opositores desde diferentes zonas del país, quienes a través de las redes sociales publicaron imágenes y vídeos con los actos de conformación de comités en el interior del país.
Según la oposición, los CRD tienen la tarea de organizar en cada comunidad las "acciones de presión que permitan detener el fraude constituyente", como parte de las líneas estratégicas que emanen de la MUD.
El Consejo Nacional Electoral venezolano convocó para el próximo 30 de julio las elecciones para escoger a quienes redactarán un nuevo ordenamiento jurídico a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
La coalición opositora, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles, a desconocer al gobierno y a prepararse para impedir que los centros electorales sean usados "para un fraude" el 30 de julio.
El Ejecutivo, por su parte, ha advertido que cualquier sabotaje del proceso electoral será pagado con cárcel, mientras que el Poder Electoral ha pedido aumentar las medidas de seguridad para ese día.
A estos hechos se suma la denuncia de detención "arbitraria" de dos dirigentes opositores.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Julio Borges, denunció la "detención arbitraria" del coordinador de la MUD Roberto Picón por parte de funcionarios del servicio de inteligencia (Sebin) del país.
"El pasado jueves 22 de junio funcionarios del Sebin violentaron una vivienda privada donde se encontraba Roberto Picón Herrera y sin tener orden judicial ni evidencia de delito alguno se lo llevaron detenido", dijo el diputado en rueda de prensa desde Caracas.
Según Borges, Picón fue presentado ante un tribunal militar y se le acusa de "traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares".
El diputado resaltó que la jurisdicción militar no está hecha para los civiles y criticó que el gobierno "militariza" y "penaliza" la disidencia en el país.
Borges señaló que Picón Herrera se encuentra en buenas condiciones, pero que eso "no es suficiente", y exigió la libertad del dirigente.
El pasado 25 de junio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que una persona "cercana" al líder opositor Henrique Capriles dirigía el proceso de "intervención" del sistema informático del Poder Electoral con el que se buscaba "impedir que se realizara las elecciones" de la Constituyente.
El jefe de Estado aseguró que esta persona era Picón Herrera.
Por otra parte, el partido Voluntad Popular (VP), fundado por el encarcelado Leopoldo López, difundió un comunicado en el que denuncia que uno de sus militantes, Tony Real, fue "interceptado" por la policía del estado Aragua (norte) mientras se trasladaba en un vehículo con su
familia.
La responsable del Comité de Liberación de VP, la diputada Adriana Pichardo, explicó que "se habilitó un tribunal militar" en la sede de la policía científica donde se encuentra recluido Real, y señaló que esta instancia le imputó los delitos de sustracción de armamento militar e incitación a rebelión militar. Pichardo detalló en el comunicado que a Real "le fueron sembrados uniformes militares, bombas lacrimógenas y cartuchos de perdigón dentro del vehículo en el que se trasladaba", e informó que se le asignó como sitio de reclusión la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico.
Estas detenciones se llevan a cabo en medio de la crispación política que atraviesa Venezuela, que desde hace tres meses se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones que han dejado a su paso un saldo de 85 víctimas fatales.
