Perú: manifestantes tomaron el aeropuerto de Arequipay bloquen rutas en el norte y sur andino

La emisora RPP dijo que los heridos son dos hombres de 60 y 50 años de edad que presentan marcas de perdigones en el pecho y dos jóvenes, que fueron alcanzados por proyectiles cuando corrían hacia los exteriores de la terminal aérea. La radio agregó que los manifestantes eran unos 2.000 y que destruyeron varias luces que sirven de guía nocturna para los aviones e incendiaron dos casetas de la terminal aérea, donde también hay presencia de las Fuerzas Armadas.

Según informan los medios locales, miles de personas se movilizaron también por calles de Cajamarca, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, y que la situación es especialmente complicada en el departamento Apurímac, del que es oriunda la flamante presidenta, en cuya ciudad Huancabamba murió un joven comunero al recibir una bala perdida en medio de choques entre manifestantes y policías.

En la misma región, pero en Andahuaylas, a unos 760 kilómetros de Lima, donde las protestas dejaron ayer 16 civiles y cuatro policías heridos, los enfrentamientos se reanudaron luego de una relativa calma, lo que también obligó al cierre del aeropuerto local debido a diversos daños causados por los manifestantes, quienes aún mantienen como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac.

En tanto, la Policía Nacional (PNP) informó que envió desde Lima un contingente de 150 efectivos con el objeto de restablecer el orden en Andahuaylas y la Defensoría del Pueblo reportó la liberación de dos policías que estaban como rehenes de los manifestantes. Hechos que se produjeron al mismo tiempo que un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en “insurgencia popular” y llamaron a un paro por tiempo indefinido.

En ese contexto, el gobierno regional declaró en alerta amarilla al sector de salud para garantizar la atención permanente, y suspendió "hasta nuevo aviso" las clases y demás actividades educativas para“proteger la vida y la salud de los estudiantes”, según informó la agencia de noticias Andina. También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales, excepto en los hospitales y en las reparticiones encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes.

Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa, la segunda ciudad del país, a unos 1.000 kilómetros al sudeste de la capital, incluido el centro turístico de Cusco, debido a los abundantes bloqueos de vías y la falta de seguridad.

Por su parte, los autoridades regionales pidieron dialogar con Boluarte a fin de "mantener inversiones, proyectos, para distintos sectores como salud, educación, agricultura, transportes y otros", afirmó el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente. El funcionario pidió que se convoque a un diálogo en el ámbito del Acuerdo Nacional, espacio conformado por los gobiernos nacional, regionales y locales, así como por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

En tanto, la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el aumento de la violencia generada por la crisis política que acabó con el mandato del expresidente y, ante la posibilidad de que se agrave, reclamó que las fuerzas de seguridad actúen con "precaución" y proporcionalidad" tras reprocharle abusos.

"Ha habido casos en los que la Policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a un uso indiscriminado del gas lacrimógeno", alertó María Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU en un comunicado. El organismo, además, investigaciones "imparciales, transparentes y efectivas" sobre los sucesos registrados desde la destitución del mandatario.

"Las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y permitir a la población que ejerza su derecho de reunión y sus libertades de opinión", exhortó Hurtado, que no descartó nuevas tensiones. "Subrayamos la importancia de escuchar las quejas y agravios de la población para resolver la situación actual, en línea con la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos", expuso Hurtado.

La funcionaria agregó que la ONU está "dispuesta" a apoyar las iniciativas de las autoridades para calmar la situación tras la caída de Castillo, quien sigue arrestado tras disolver el Congreso y anunciar que gobernaría por decreto mientras reformaba el Poder Judicial y el Ministerio Público, decisión que la Justicia y un amplio sector del mundo político y la sociedad civil calificaron como un "golpe de Estado".

Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días.De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.Boluarte, que fuera vicepresidenta de Castillo, asumió la magistratura inmediatamente después de la destitución de Castillo y, en las últimas horas prometió llamar a elecciones anticipadas en abril próximo para descomprimir la situación.