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Que demoran tres meses en dar hora para el psiquiatra. Que las sesiones que ofrecen no son suficientes y los procesos terapéuticos quedan por la mitad. Que los tiques para acceder al servicio en las instituciones son más caros de lo que pueden costear. Esas son las quejas frecuentes de usuarios del Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), y que llegan a los oídos de las técnicas de la ONG Último Recurso, que hace trabaja en prevención del suicidio.

Si bien creen que “está bueno” que haya un programa oficial que contemple las consultas por suicidio, ya que es un “reconocimiento del problema”, las suicidólogas Silvia Peláez y Patricia Wells perciben que los recursos humanos disponibles para atender la demanda son insuficientes y que el plan que comenzó a funcionar a fines de 2011 “no logró un cambio sustancial”.

Muchos de los usuarios de Último Recurso se atienden también en sus sociedades médicas a través del Plan de Salud Mental. Otros llegaron a la ONG desilusionados por la atención recibida, afirmaron a El Observador Peláez y Wells.

“Es un plan que con buena voluntad se desarrolla dentro de cuatro paredes, pero que en la realidad no sucede. Se esperaba que fuera más resolutivo, pero sus efectos no se pueden palpar en el trabajo cotidiano”, alegó Wells.

Hebert Tenenbaum, director del Plan de Salud Mental del MSP, reconoció a El Observador que hay “muchas quejas”, pero defendió el servicio de urgencia que se da en un máximo de 48 horas a quienes intentaron suicidarse. “Eso se cumple”, aseguró. El MSP también dispuso la obligatoriedad de la psicoterapia individual y grupal para grupos prioritarios: niños, adolescentes, trabajadores de la salud, docentes, personas con esquizofrenia o bipolaridad y consumidores de pasta base. Todos ellos pueden recibir atención de un especialista por depresión o ideas suicidas, pero para el resto debe recurrir a la consulta particular y de su bolsillo.

Retroceso

Cuando el Plan de Salud Mental comenzó, dos de las tres intendencias departamentales con las que Último Recurso tenía convenio para trabajar decidieron rescindir. Asumieron que ya no sería necesario. En Nueva Palmira y Carmelo (Colonia) dejaron de trabajar en diciembre de 2011. En Castillos (Rocha), si bien la intendencia dejó sin efecto el convenio en julio de 2011, la ONG decidió seguir trabajando a su costo durante un año más. Debieron abandonar cuando se les acabó el dinero.

La ausencia de Último Recurso en Colonia se notó. Peláez, directora de la institución, recuerda las quejas de los usuarios y la alarma de la población, preocupada por el retorno del comportamiento suicida. Luego de varios meses los vecinos consiguieron apoyo de algunas empresas y de la propia intendencia para reinstalar el servicio, y la ONG volvió a trabajar en la zona.

En Castillos, en cambio, la tarea de cuatro años quedó en suspenso. Allí, según cuentan las especialistas, se había logrado “modificar sustancialmente” la tendencia al suicidio. Aún es reciente para detectar un aumento de la tasa tras la salida de Último Recurso, pero las quejas ya se están sintiendo.

Además de Colonia, la ONG tiene presencia en el oeste de Montevideo por convenio con la intendencia. La línea de crisis (ver teléfonos debajo) atiende consultas de todo el país.

Líneas de crisis

Todos los días entre la hora 19 y las 23 se puede recurrir a la línea Vive: 0800 8483 o 24008483. También desde un celular Movistar o Ancel se puede llamar sin costo al *8483.

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