Plan oficial buscará expropiar para vivienda inmuebles abandonados

Grupo interinstitucional diseña mecanismos para destinarlos al programa de interés social

Al cabo de tres años, el equipo interdisciplinario que trabaja a nivel técnico e institucional en el abordaje de la situación de los inmuebles abandonados avanza en la concreción de un plan de expropiación de esas casas y edificios. Un proyecto de ley que está en el Parlamento podría dar el marco legal necesario para solucionar un “fenómeno complejo”. En un futuro, esperan reacondicionar esos bienes para incluirlos en el régimen de vivienda de interés social.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Defensoría del Vecino y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) cooperan en conjunto en los aspectos técnicos e institucionales. También, eventualmente, participa el Ministerio de Salud Pública (MSP) y, “cada vez más”, el Ministerio del Interior (Mintur), dijo a El Observador, Lucía Etcheverry, la directora nacional de Vivienda.

La jerarca explicó que trabajan sobre 25 situaciones de abandono y ocupación irregular de inmuebles, especialmente en Ciudad Vieja y Centro de Montevideo. Hasta el momento, concretaron dos desalojos: la de la cooperativa Comaec en Bulevar Artigas y Maldonado en 2010 –que fue demolida– y la de un edificio en Bulevar Batlle y Ordoñez y Valladolid en 2012. Además, se está finalizando el del ex Hotel Casino de Gonzalo Ramírez y Salterain.

La IMM además interviene en las áreas de propiedad municipal y departamental, donde hay “ocupaciones muy consolidadas, algunas de 20 a 30 años”, afirmó Mercedes Hegoburu, directora del sector rehabilitación de áreas centrales del servicio de Tierras y Viviendas. La comuna trabaja en el realojo de las personas y en la situación del inmueble que queda desocupado. “Si hay que demoler, se demuele”, dijo.

Etcheverry aseguró que hace falta una figura jurídica para actuar ante un inmueble ocupado de forma irregular. Muchas veces quedan abandonados porque el dueño se fue del país, por una sucesión que no se define o porque un responsable se desentendió de ese bien. Las consecuencias son acumulación de basura, aguas servidas, delincuencia y muchas molestias en la vecindad. El caso de la cooperativa Comaec, explicó Etcheverry, se resolvió porque los vecinos compraron el inmueble y el de Bulevard Batlle y Ordoñez porque los Bomberos determinaron que el edificio no contaba con las medidas de seguridad mínimas contra incendios. “Estamos limitados para intervenir”, aseveró la directora nacional de Vivienda. “La Justicia te dice que se trata de una propiedad privada” ante cada asunto de ocupación en un inmueble abandonado y que los vecinos o las autoridades denuncian.

Ante la carencia de un marco legal, el diputado Alfredo Asti (Frente Líber Seregni) impulsa un proyecto de ley por el cual el Estado puede apropiarse de aquellos inmuebles que estén en situación de abandono por cinco años y que, por esa situación, afecten a terceros. El texto, que arribó el año pasado al Parlamento, busca desestimular el abandono de propiedades, cuando hay propietarios que se olvidan conscientemente de un inmueble porque no tienen riesgo de perderlo. El proyecto de ley “es reflejo de una saturación; puede ser perfectible, pero es el primer paso que se necesita”, dijo Etcheverry.

“Pasos importantes”

En Uruguay hay 50.000 viviendas abandonadas, de ellas 500 están en Montevideo, según la Defensoría del Vecino; alrededor de 250 están ocupadas por personas y familias sin hogar y unas 90 son edificios sin terminar. De acuerdo al censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país se encuentran 100.000 viviendas vacías, de las cuales 58.000 se ubican en la capital.

Asti ha dicho que en Montevideo hay 133 hectáreas vacantes –o 103 manzanas–, la gran parte el Centro, Ciudad Vieja, Palermo y Cordón, y que esa área daría vivienda a unas 3.250 personas en esos barrios.

Ante el trabajo institucional en conjunto, se arribó a una “etapa de quiebre importante”, donde “las soluciones empiezan a aparecer”, dijo Fernando Rodríguez, defensor del vecino. Puntualizó que el relevamiento que hicieron de las casas abandonadas es “conservador” y no cuenta con bases estadísticas sólidas. Por este motivo, el equipo interinstitucional apronta un estudio más específico que ayude a concretar futuras expropiaciones.

Un informe más somero servirá para “afinar la lupa en las situaciones de estas viviendas”, según Etcheverry, y para realizar una “priorización” de los inmuebles, ubicarlos en el mapa, detallar la cantidad de ocupantes, el perfil de las personas en esa situación y la incidencia en el entorno. “Hemos dado pasos importantes”, concuerda Etcheverry, la directora de Vivienda.

“Estas instituciones están trabajando para encontrar un programa o política que atienda esta problemática compleja y difícil de cuantificar. Hay muchas categorías dentro de una gran categoría”, opinó Hegoburu de la IMM.

Rodríguez comentó que, junto a los responsables de Vivienda y el Mides, están diseñando un plan para aprovechar la vivienda ocupada una vez que quede libre.

Si es habitable y no presenta problemas edilicios graves, cabría la posibilidad de volcarla al esquema de vivienda de interés social, un programa que apunta a favorecer la adquisición de inmuebles a las personas de ingresos medios.

“Nuestras aspiraciones son generar la mayor cantidad de soluciones habitacionales. Montevideo está en déficit en ese sentido. Se podría cubrir un porcentaje importante restituyendo como bien social estas viviendas y edificios”, señaló Rodríguez. “Sería un salto cualitativo, pero necesitamos también de la voluntad política”, añadió.

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