Pluna y la falta de autocrítica
Nadie del gobierno pidió disculpas ni asumió los errores luego de un contundente fallo de la Suprema Corte de Justicia
Pasaron más de 72 horas desde que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional tres artículos de la ley de Pluna, que había quitado del concurso los aviones, dejando así a los acreedores de la compañía sin los activos más valiosos para cobrarse las deudas.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, principal articulador de esa ley no salió a asumir la responsabilidad. Tampoco lo hizo el ministro de Transporte, Enrique Pintado, otro de los vinculados a la norma.
El fallo fue el jueves a la tarde. Pasó el viernes y nadie dijo nada. El sábado hubo un consejo de ministros donde se analizó el tema y allí tuvieron la oportunidad de dar explicaciones al presidente José Mujica, pero no a la población.
Tras ese gabinete habló el prosecretario Diego Cánepa, pero tampoco asumió en nombre del gobierno las responsabilidades.
Dijo que no habrá resoluciones hasta estudiar el asunto jurídicamente por Economía y Transporte, en dos oportunidades hizo referencia a que el tema era “heredado” y señaló que es un asunto “complejo”. “Viene de hace muchísimo tiempo”, insistió.
El argumento central del gobierno para no dar la cara es el jurídico. Señalan que están estudiando el asunto en profundidad antes de dar respuestas.
Pero las respuestas que deberían dar no tienen que ver solo con lo jurídico. Tienen que ver sobre todo con lo político. ¿Por qué el gobierno debería pedir disculpas?. Sobre todo por dos razones. La primera es que afectó los intereses de las miles de personas que Pluna dejó con deudas. Lo que la Suprema Corte de Justicia le dijo al gobierno fue que la ley que hicieron -algo que ya había sido alertado por otros expertos en el Parlamento- le quitó activos al concurso y “afectó, sin lugar a dudas, los derechos subjetivos ya adquiridos”.
Hasta ahora el gobierno ha tratado con desprecio a los acreedores. Algunos de ellos son empresas grandes y prestamistas, pero otros son simples personas que tenían sus pasajes comprados para irse de vacaciones o para trabajar y nunca los pudieron usar o cobrar. Nunca hubo por parte del Poder Ejecutivo un pedido de disculpas o una mirada contemplativa.
La segunda razón, son las finanzas públicas. Cuando el gobierno decidió cerrar la aerolínea dijo que lo hacía para preservar el patrimonio estatal y evitar juicios millonarios de trabajadores de Brasil. Sin embargo la salida planteada también implicará pérdida de recursos.
Todavía no está claro el alcance, ni cuantos millones de dólares más deberán salir de la caja estatal para tapar ese agujero. Pero sea cual sea el monto, lo pagarán todos los contribuyentes de sus bolsillos y lo lógico es que los ministros asuman las responsabilidades por ello.