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El presidente Tabaré Vázquez comunicó el viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que el caso del asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman no está incluido en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por lo que, de hecho, habilitó la investigación judicial, informó su secretaría de prensa.

La ley de caducidad impide indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, entre 1973 y 1985, aunque es, en última instancia, el Poder Ejecutivo el que determina si rige o no en cada uno de los casos denunciados.

García Irureta, nuera de Gelman, estaba embarazada cuando fue detenida en 1976 por fuerzas de seguridad en Buenos Aires. Su esposo, Marcelo Gelman, fue muerto en el mismo año.

La hija fue ubicada en el año 2000 por funcionarios del anterior gobierno del presidente Jorge Batlle.

La resolución gubernamental estableció que se realizarán "los trabajos de campo" en las áreas que se considere pudieron existir remociones de tierra para enterrar los cuerpos de los desaparecidos, tareas que "estarán supervisadas o realizadas" por un Equipo Argentino de Antropología Forense, que está colaborando con el gobierno en estas investigaciones.

La disposición también encomienda a los comandantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a realizar la ampliación de la investigación efectuada por la Comisión para la Paz, que actuó durante el gobierno de Batlle, con relación a lo ocurrido con los detenidos.

La ley de caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras el retorno a la democracia, y fue respaldada por la ciudadanía en un plebiscito realizado tres años después.

(AP)

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