Policía demolió el lujo de "La Moni" en Los Palomares

Mientras tanto, vecinos de las viviendas de la vereda del frente observaban curiosos. Algunos filmaban con sus celulares a través de la reja que los separaba.

En la fría mañana de este sábado comenzó la segunda instancia de demolición de casas de la Unidad Misiones -conocido como Los Palomares- en el barrio Casavalle. 

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El operativo de seguridad vinculado a la gestión estuvo a cargo del capitán Washington Pereyra, de la Guardia Republicana.

Pereyra explicó a El Observador que el operativo que se le encomendó desde el comando del Ministerio del Interior implicó, en primera instancia, comprobar que las viviendas indicadas no estuvieran habitadas.

Posteriormente, añadió, los efectivos debieron "prestar garantías a los obreros de la construcción" responsables de efectuar las tareas destructivas de las viviendas. Además, participaron del operativo la policía, la policía científica y el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Previo al golpe inicial, la policía científica hizo un relevamiento fotográfico de los interiores de las casas. También utilizaron dos drones que registraron la demolición a nivel aéreo. Con el primer golpe de la excavadora dos perros que descansaban entre escombros y basura comenzaron a ladrar. Así empezó el derrumbe de la primera casa.

En esta instancia la tarea comprendió la demolición de doce viviendas del Pasaje 306. En aproximadamente 10 minutos demolieron la primer casa.

Pereyra explicó que una de las viviendas que se decidió demoler en esta oportunidad es la que ocupaba Mónica, alias "La Moni", señalada como líder de la banda de delincuentes Los Chingas. La vivienda, cuyo revestimiento de pisos y paredes tenía un lujo atípico para el lugar, lucía destruida por dentro. La especulación de los jerarcas del Ministerio del Interior es que "La Moni" la dejó en esas condiciones para evitar que se viera cómo vivía.  

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La orden para proceder a los desalojos y realojos y para la destrucción de las mencionadas viviendas la ejecutó el gobierno, tras constatarse que grupos de delincuentes presionaban a los vecinos (no involucrados en actividades ilícitas) para que les entreguen sus casas.