ver más

Luego de un pedido de la Policía del pueblo Carlos Reyles, el juez de Paz de esa localidad de Durazno, José Marrero, autorizó a la comisaria del lugar a sacar a los menores de las calles luego de la medianoche y entregárselos a sus padres. Sin embargo, especialistas en Derechos Humanos explicaron que la medida es "inconstitucional" y "viola el derecho de libertad".

La medida fue tomada por las constantes denuncias por desórdenes e incidentes callejeros y se encuentra vigente desde el 7 de enero. El jefe de Policía de Durazno, Inspector Principal José García, dijo a Subrayado que es una “medida ejemplar”, y que se basa en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El juez Marrero informó que no hay una “orden escrita” para que se les prohíba a los menores circular por la calle, pero sí se decidió coordinar esfuerzos para hacerlo, por los problemas de inseguridad que suceden en Reyles, cuyos habitantes no llegan a 1.000.

Una de las habitantes de Reyles dijo a El Observador que, aunque la medida se implementó hace tan solo tres días, “el pueblo está más controlado”, porque “los menores hacían destrozos y no se controlaban”.

Consultado por El Observador, Martín Sbrocca, abogado de Ielsur, organización que defiende los Derechos Humanos, explicó que la medida adoptada en Carlos Reyles es "inconstitucional" y viola "el derecho de libertad".

"No hay ninguna norma que habilite una medida de este tipo. Para que una persona sea castigada tiene que haber un perjuicio. Acá el perjuicio no puede ser que alguien es peligroso o que la situación es peligrosa", explicó Sbrocca, quien aseguró también que "para que una persona pueda ser detenida tiene que estar cometiendo un delito en ese mismo momento o ser ordenada por un Juez".

"En este caso, no puede haber una detención genérica porque a un juez se le ocurra que todos los que estén después de las 12 de la noche en la calle tienen que estar detenidos por ser menores de edad. Eso viola el principio de libertad", indicó el especialista.

Entre las disposiciones del Código de la Niñez que pueden estar avalando esta decisión, Sbrocca se refirió al artículo 121 y al 117, que establecen que si los menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, o sus derechos se ven amenazados, el juez puede aplicar la medida de internación. En caso de que el juez se esté basando en estos artículos, el experto señaló que de todos modos se viola el derecho de libertad.

"Están haciendo una privación de libertad ilegítima. No hay ninguna norma que diga que un menor no puede estar después de las 12 de la noche en la calle. Eso es arbitrario", apuntó.

Asimismo, Sbrocca hizo hincapié en la inconstitucionalidad del accionar de la Policía, y se basó en el artículo 10 de la Constitución, "que establece que todo lo que no está prohibido, está permitido".

El abogado de Ielsur, Martín Fernández, coincidió con la postura de Sbrocca, y agregó que la medida aplicada en Carlos Reyles la Policía “tiene que estar acotada a un marco legal claro de se estén cometiendo ilícitos. No puede ser solo porque los adolescentes estén en la calle haciendo ruido. En todo caso podrá dar lugar a una petición de que se vaya cada uno para su casa”. Para finalizar, el abogado señaló que, desde Ielsur, están viendo nuevamente un foco muy fuerte “contra determinado sector de la población que son los que les molesta a las autoridades: los adolescentes”.
Seguí leyendo