Por qué algunas mutualistas cobran por tests y vacunas si el gobierno dijo que no deberían

Amparadas en la falta del decreto reglamentario, algunas instituciones médicas siguen cobrándole a sus usuarios por la prueba. El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, aseguró a El Observador que seguirá trasladándole a los pacientes el costo del test (US$ 60, un valor que aumenta si hay que ir a su domicilio) hasta que el gobierno establezca por escrito cómo piensa instrumentar lo acordado. 

Rodríguez argumentó que no sabe si las instituciones recibirán un reembolso por las pruebas de laboratorio realizadas y si también estarán incluidos en el pago los insumos de protección de quienes toman las muestras, que deben desecharse cada vez que se analiza un nuevo caso sospechoso. "No estaba en el contrato original y todavía no tenemos garantías del compromiso de la contraparte", afirmó.

Este criterio es adoptado por la mutualista en todos los casos, incluso cuando hay una indicación del médico tratante. Lo mismo pasa en otras instituciones médicas de Montevideo, dijeron fuentes de la salud a El Observador. 

Según explicaron, los prestadores entienden que no están incumpliendo con lo acordado. Cuando una prestación es incorporada al PIAS, el Ministerio de Economía y Finanzas fija cuál es el precio máximo que las instituciones le pueden cobrar a sus pacientes y actualiza el valor cada seis meses, en función de distintas variables. Pero como todavía el decreto reglamentario no se emitió, los prestadores tienen margen para cobrarle a sus pacientes lo que entiendan conveniente.

Si bien el gobierno anunció que se hará cargo del costo de todas las pruebas realizadas –lo que supone que los usuarios ni siquiera tengan que pagar el tique– la falta de normativa que respalde esta decisión ampara la actuación de algunos prestadores. 

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró a El Observador que solo falta la firma del Ministerio de Economía para que salga el decreto reglamentario. De momento, Salud Pública envió una "advertencia" a las instituciones que cobran la prueba diagnóstica y la vacunación a domicilio, que en algunos casos asciende a $ 1.500.

Algunos usuarios alertaron a la cartera sobre estas prácticas en el sector privado, por lo que está previsto que en los próximos días se empiece a fiscalizar. Salinas aseguró que se controlará tanto el hisopado como la inmunización a domicilio contra la gripe. 

En la conferencia de prensa de este miércoles, cuando los periodistas le preguntaron sobre este tema y sobre los servicios que no funcionan, el presidente Luis Lacalle Pou volvió sobre sus dichos de una conferencia anterior, en la que se refirió a los prestadores que en medio de la emergencia sanitaria enviaron al seguro de paro a 971 trabajadores. Para el mandatario, aquella fue una decisión "irresponsable, inescrupulosa" e ilógica.  

"Este sistema tiene cápitas asignadas y prestaciones que no se están llevando adelante. En este sentido me parece que tenemos que viabilizar la utilización de los tests de forma gratuita para los uruguayos", expresó Lacalle Pou este miércoles. 

Leonardo Carreño

Costos versus pertinencia

Las instituciones médicas retrucan el argumento de que muchas prestaciones no se estén realizando, en el entendido de que ese dinero podría usarse para cubrir los costos del kit y de la vacunación a domicilio. 

Los jerarcas consultados dijeron que para la mayoría de las consultas se está implementando la telemedicina, a pesar de que la Junta Nacional de Salud (Junasa) autorizó a limitar la cantidad de prestaciones durante la emergencia sanitaria. "Solo se suspendieron las intervenciones coordinadas, que igual se van a hacer; lo único que hicimos fue diferir el gasto", dijo el presidente del Casmu. 

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, esta institución capitalina gastó $ 120 millones en acondicionar los centros asistenciales para cuando se produzca el pico de casos de covid-19. Entre otros costos, se compraron 65 camas con respiradores, se sellaron ciertas áreas y se instaló oxígeno central en los centros asistenciales. 

Rodríguez reconoció que cobrar la vacunación a domicilio a un precio elevado es una forma de desincentivar el uso de este servicio. Si bien la vacuna antigripal no tiene costo para los prestadores –de ello se encarga la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes– la logística de la vacunación en la casa del paciente supone gastos adicionales. 

En el caso del Casmu, el laudo de los vacunadores corresponde a cuatro horas de trabajo. En ese tiempo, en promedio, se pueden visitar ocho domicilios. "Si vos ponés tres turnos en un día, vas a 24 casas en un día, a lo que se le debe sumar el chofer y el costo del traslado. Para atender a toda la población necesitás un ejército de vacunadores y autos, que no los tenemos", explicó.

La vacunación a domicilio está recomendada en particular para las personas de más de 65 años, consideradas población en riesgo de contraer la enfermedad, por lo que el gobierno le dio prioridad en el esquema de inmunización de 2020. 

En el Casmu hay 50.000 afiliados que superan los 65 años por lo que, incluso si la prestación fuera gratuita, Rodríguez considera que sería "imposible" asistirlos a todos a domicilio. 

Salinas no respondió cuáles son los planes del gobierno. Lacalle Pou entiende que "no es pertinente" que se cobre el servicio a domicilio o la prueba de laboratorio, por lo que –dijo– está trabajando para garantizar el acceso gratuito a ambos. 

El gobierno tiene previsto invertir hasta $ 345,9 millones –provenientes del Fondo Coronavirus– en la compra de tomas de muestras y de estudios diagnósticos por PCR para covid-19, según informó La Diaria. El Sanatorio Americano y los laboratorios privados ATGen SRL, Genia, Biofast y Capoano Bevilacqua son los beneficiarios de la compra directa de este servicio.