Por qué el asesino de Shinzo Abe debió fabricar su propia arma de fuego para matarlo
Las leyes japonesas hacen muy difícil a la población comprar un arma, al punto que la tasa de tenencia es la menor del mundo: 0,3 por cada 100 habitantes. La más alta es la de Estados Unidos con más de 120 armas cada 100 habitantes
Una cuestión llamativa dentro de la tragedia del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que fue reflejada como verdadera “curiosidad” por los medios de comunicación internacionales, fue el arma utilizada por el agresor Tetsuya Yamagami, un exmiembro de las fuerzas de autodefensa de Japón.
Para perpetrar el atentado debió fabricar con sus propias manos el arma, de características similares a las que en algunos países de América Latina se llaman “tumberas”, con elementos que se pueden comprar libremente en los comercios (caños, cinta adhesiva, madera, etc.), frente a la imposibilidad de adquirir una pistola o un revólver de producción industrial.
A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde comprar un arma y las municiones correspondientes es tan sencillo como llevarse una botella de cerveza de la góndola de un supermercado, en Japón es casi imposible que un ciudadano particular pueda hacerse legalmente siquiera de un revólver de bajo calibre.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, en el país asiático se prohibió el uso de armas de fuego entre la población y se establecieron protocolos muy estrictos para adquirirlas de manera legal, una situación que contrasta con la Segunda Enmienda de Estados Unidos, que permite a cualquier persona mayor de 16 años adquirir un arma.
El informe Small Arms Survey, realizado por el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, estableció que en 2020 había cerca de 393.347.000 armas en manos de civiles estadounidenses, lo que representaba el 46 por ciento del total de armas civiles que circulaban en el planeta.
Si se compara el dato con la cantidad de habitantes de los Estados Unidos, 329.500.000 millones, salta a la vista que en ese país hay una tasa de 120,5 armas por persona. En cambio, en Japón – de acuerdo con el mismo informe – en 2020 había registradas 377.000 armas civiles, de las cuales 175.221 estaban registradas. Con una población de casi 120 millones de personas, la tasa de armas en manos de la ciudadanía es de apenas 0,3 por cada 100 personas, la más baja a nivel mundial.
El acceso a armas también se vincula con los homicidios violentos, ya que es notoria la diferencia de este rubro entre Japón y Estados Unidos.
En Japón, durante 2019, se registraron 382 muertes con armas de fuego, cifra que se redujo a 380 en 2020, según Small Arms Survey.
En el caso de Estados Unidos, las muertes violentas no dejaron de crecer incluso en la pandemia. Durante 2019 el país americano reportó 22.933 muertes con armas de fuego, una tasa de 6,97 cada 100.000 habitantes. Un año después, durante el confinamiento por la COVID-19, la cifra aumentó a 29.445, con lo cual la tasa subió hasta 8,90 por cada 100.000 habitantes.
La regulación japonesa
En 1958, el Gobierno japonés estableció marcos regulatorios estrictos para la posesión de armas, al tiempo que promovía de manera oficial un pensamiento pacifista.
Entre los requisitos que se deben de cumplir para comprar armas legalmente están realizar un examen con duración de un día en el que se capacita al interesado o interesada para el uso de armas. Además, debe presentar un examen por escrito.
Posteriormente, la persona deberá realizar varias pruebas, desde psicológicas hasta toxicológicas, y una de puntería, en la que necesita obtener una calificación del 95%.
Durante el proceso, familiares y amigos son interrogados y se realiza toda una investigación para conocer los antecedentes penales, políticos y sociales de quien esté tramitando la solicitud.
Al obtener el permiso, el interesado deberá comprometerse a guardar el arma en un lugar separado de las balas. Además, deberá permitir la visita de la policía cada año para verificar el estado del equipo. La autorización tiene una vigencia de tres años.
(Con información de Sputnik, el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra y agencias)
