Coronavirus: por qué tenemos que discutir si implementar un pasaporte sanitario o no en Uruguay

El virus nos saca ventaja porque no discute pavadas; solo sigue el plan de vida y expansión que le dictan las leyes de la naturaleza y así consigue su misión. Esa misión es costosamente penosa para los humanos, por las muertes que provoca pero también por la pobreza y miseria que ya se padece como consecuencia de economías deprimidas por cuarentenas masivas que dejaron a millones sin trabajo.

Hay luz al final del túnel por algo en lo que el ser humano le gana al virus: su inteligencia y –en ocasiones– su capacidad de colaboración. Todo lo anterior quedó demostrado en el desarrollo de vacunas contra el covid-19 en tiempo récord. Casi un tercio de los uruguayos están vacunados, otros países van a mejor o peor ritmo, pero las vacunas existen y funcionan. Claro que como somos mucho más complejos que el virus, y a veces tanto menos “inteligentes” a la hora de elegir la supervivencia de la especie, millones discuten sobre estas vacunas, millones no se la darán a pura conciencia, otros no tendrán acceso ni este ni el año que viene, y otros consideran injusto o sencillamente “nazi” que se utilice un pasaporte sanitario o vacunatorio, como se lo quiera llamar, que pruebe que la persona que lo porta tiene inmunidad.

Más allá de lo práctico que puede ser tener un pasaporte sanitario, hay consideraciones éticas de peso para detenerse a pensar unos minutos. En primer lugar, hay un aspecto tan obvio que solemos olvidar: se calcula que las vacunas no llegarán a miles de millones de personas de países que no tienen los medios para pelear la guerra que se armó por quién tiene más vacunas. Más de 170 premios Nobel y exjefes de Estado le escribieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden que suspenda los derechos de propiedad intelectual que penden sobre las nuevas vacunas para que puedan llegar a todo el mundo. “Al ritmo actual de producción de vacunas, la mayoría de las naciones pobres se quedarán esperando hasta al menos 2024 para lograr la inmunización masiva”, dice la carta.

El primer tema a considerar antes de implementar un pasaporte sanitario es la inequidad, ya no solo del mundo sino de este pequeño país también. ¿Está bien que una persona que no se vacunó por decisión propia sea impedida de ingresar a un restaurante, a un estadio o a un espectáculo? Tal vez la respuesta sea afirmativa por la seguridad de otros y la propia, al menos hasta que la famosa inmunidad de rebaño se alcance. ¿Está bien que esa misma persona no pueda entrar, por ejemplo, a un centro de educación o inclusive a un hospital? El pasaporte sanitario puede ser una gran herramienta pero, como casi todas, tiene un doble filo muy peligroso que, en muchos casos además, puede caer en las manos equivocadas.

En Uruguay hay una larga tradición de vacunaciones efectivas y seguras y su formato físico es el Certificado Esquema de Vacunación, que evolucionó desde aquellos carné de papel de nuestra niñez a un sistema centralizado y digitalizado. En este país no se puede ir a la escuela, por ejemplo, si el niño no fue inoculado con una lista extensa de vacunas que nos aseguran que muchas enfermedades se mantengan a raya. En teoría tenemos un certificado obligatorio. En la práctica, no tanto.

Los antivacunas ya no son tres o cuatro que aparecen en los titulares de diarios agitando porque sus hijos no pueden ir a la escuela. Ahora son cientos en Uruguay y existen incluso pequeñas comunidades de personas que viven juntas y comparten ciertas creencias, entre ellas, que las vacunas no funcionan e incluso que generan enfermedades.

Ante esa realidad, las autoridades uruguayas tomaron una decisión, según me explicó más de una persona involucrada en estos procesos: antes que dejar a un niño fuera de la escuela, lo que lo condena de muchas formas, lo aceptan sin vacunas. Esto supone cierto grado de riesgo pero, considerando que la gran mayoría de los niños uruguayos sí se vacunan, el “rebaño” funciona y los no inmunizados no suelen enfermarse de aquello contra lo que no están inoculados.

Por ahora la lógica funciona, pero ¿qué pasaría si los que eligen no vacunar a sus hijos son cada vez más? ¿Debería hacerse verdaderamente obligatorio el Certificado Esquema? Todo esto sirve para ejemplificar por qué un pasaporte sanitario de covid-19 tiene muchas más aristas que tan solo decir “es obligatorio y chau”.

El diputado colorado Felipe Schipani presentó este mes un proyecto de ley para regular el derecho de admisión durante la emergencia sanitaria; de aprobarse, se exigiría la constancia de vacunación para poder asistir a espectáculos públicos o a espacios privados de uso público, salvo casos excepcionales que por prescripción médica no puedan vacunarse. Una ley de este tipo no va en línea con la libertad responsable que ha impulsado este gobierno y en particular el presidente Luis Lacalle Pou. Este proyecto en particular, es un esbozo incompleto y básico de lo que eventualmente podría ser una legislación al respecto.

Todos hemos escuchado o leído la experiencia de Israel con el “green pass” como le llaman allí a la constancia de vacunación e inmunidad que le ha permitido a buena parte de los habitantes de este país transitar libremente y reunirse de nuevo, luego de meses de una pandemia que pegó muy fuerte. Pero más allá de los espacios públicos este pase también se está aplicando en algunas empresas, como es el caso de Check Point Software Technologies Ltd, con las reglas que esa organización estableció para sus empleados. Los que portan una pulsera verde en sus muñecas tienen varias ventajas en la oficina: peluquería, gimnasio y sala de juegos gratuitos en el mismo edificio son algunas de ellas. Los que no tienen la pulserita, desde abril no pueden entrar al edificio.

El derecho de admisión existe en Uruguay también y cada privado lo regula, hasta cierto punto que no suponga una discriminación por género, creencia o raza. Nuestra ley no habla de discriminación por no vacunación contra covid-19. En una de las primeras conferencias de prensa en las que Lacalle Pou habló sobre cómo sería el sistema de vacunación, dejó entrever que cada privado decidirá. “El mundo va a ir a una especie de pasaporte sanitario para muchísimas cosas, y ahí –si bien no es obligatoria– de alguna manera puede reducir el ámbito de movilidad y acción de aquellos que hayan optado por no vacunarse. Es más, puede pasar dentro de nuestro país”, dijo, y puso el ejemplo del derecho de admisión.

El tema está lleno de dilemas éticos y antes de tomar decisiones hay que discutirlos. Además de la injusticia que puede significar para muchos uruguayos que no se hayan podido vacunar por razones diferentes a su voluntad (entre ellas pobreza y marginalidad), vuelve a poner sobre la mesa la privacidad y protección de los datos personales.

El pasaporte sanitario genera sentimientos encontrados. Por un lado, los que tenemos dos dosis estamos felices de ver en la app la confirmación de que estamos inmunizados. Es algo así como un pasaje hacia la libertad pospandémica, aunque la realidad es que esto es por ahora una ficción. Por otro lado, quedan demasiadas puntas sueltas y discusiones que deben comenzar a darse por el bien de todos.