Presidencia interviene en acción para proteger del frío a los “sin techo”

Juristas consideran inconstitucional medida del Mides y critican colaboración policial

Las acciones del gobierno para evitar que haya más muertes de indigentes que viven en la calle, por la ola de frío, tendrán la tutela directa de Presidencia de la República, según informaron a El Observador fuentes oficiales. Desde el lunes pasado hubo varias reuniones del equipo de Presidencia con los jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el objetivo de extremar las acciones y tener una mayor capacidad de respuesta ante la situación de emergencia planteada. Hasta ahora, la titular de esa cartera, Ana Vignoli, encabezaba las brigadas del gobierno para sacar de las calles a los indigentes.

Las acciones que realizó el Mides han generado molestia tanto dentro del Poder Ejecutivo como en la bancada del Frente Amplio. La principal crítica que hacen es que la institución no respondió como debía ante una emergencia y las consecuencias fueron graves, indicaron fuentes políticas.

Inconstitucional

La ley que prevé el traslado compulsivo de los sin techo a refugios o centros asistenciales, y que en la noche del miércoles el Parlamento se disponía a aprobar, es cuestionada por juristas.

Para el constitucionalista Martín Risso obligar a los indigentes a ir a refugios “es inconstitucional, no se puede hacer”. “Hay que respetar la libertad de la persona”, afirmó a El Observador. Su argumento es que la Constitución prevé en su artículo 15º cuáles son los únicos dos casos en que puede privarse de la libertad a una persona “y ninguno de los dos se da aquí”. Esos casos son “in fraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente”. Risso considera que la “única posibilidad” constitucional de trasladar compulsivamente a una persona de la calle a un refugio “son las medidas prontas de seguridad”.

La norma que ayer fue sancionada establece que “las personas de cualquier edad, que estén en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermerdades o incluso de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser asistidas, aún sin su consentimiento, siempre que un médico acredite la existencia de alguno de los riesgos”.

De todos modos, estos días el gobierno puso en práctica el traslado de personas a refugios utilizando la denominada ley de Psicópata. Risso entiende que esa norma “puede tener algún problema de constitucionalidad”, pero “lo que autoriza es a que se intervenga con personas que tienen un desequilibrio mental importante, que pueden ocasionar un daño a terceros o a ellos mismos”. “No es el caso del que duerme en la calle”, dijo.

El penalista Juan Fagúndez opinó que “el Estado tiene la obligación ética de prevenir la muerte, pero tampoco puede obligar a hacer algo que la persona no quiera. La internación es por enfermedad mental, no por frío “, sentenció.

Policías no

La colaboración de la Policía para el traslado de los sin techo fue otro aspecto cuestionado. El abogado de la ONG Ielsur, Jorge Pan, expresó a El Observador que “si la persona corre riesgo de vida no se vulneran derechos porque el Estado tiene una obligación de cuidar la salud de la población. Pero si están en pleno uso de sus facultades y no corren riesgo, compulsivamente no los van a poder llevar. Y aunque pudieran, se van a escapar, ¿qué, van a tener, una guardia policial afuera?”.

Según Pan “hay mucha gente que se resistía (a ir a los refugios) y si está la Policía va a ser peor”. En su opinión “un equipo multidisciplinario tiene muchas más posibilidades de convencer”.

Risso sostuvo que la Policía “no puede arrestar a personas que no cometieron un delito”. Para el constitucionalista, la medida que se intenta impulsar por ley “alcanzaria para quien está fuera de control, corriendo entre los autos, pero una persona durmiendo en la calle no es el caso”.

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