Presidente del BPS: Quedó en evidencia cierta falta de protección social (en gobiernos del FA)

Desde su novel posición, Odizzio asegura que la disparada de algunas prestaciones es un gasto puntual de este año, que es necesario aumentar la fiscalización para reducir la subdeclaración en el servicio doméstico y que la reforma de la seguridad social tiene todas las variables sobre la mesa. Además, pide sacarle dramatismo a aumentar la edad de retiro y asegura que es posible aplicar la inteligencia artificial para controlar las certificaciones médicas. A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.

¿Por qué dejó Agesic y decidió asumir en el BPS? 
Cuando definimos un conjunto de planes sobre lo que va a ser el desarrollo del gobierno de Lacalle, yo estuve participando en los temas relativos a la órbita de Presidencia. Algunos existentes, otros que están considerados en la ley de urgente consideración, como es la Agencia de Monitoreo y la Agencia de Compras Estatales. Esos dos proyectos están muy vinculados al manejo de la tecnología. Actualmente, el Estado, que es uno solo, duplica y multiplica el gasto en tecnología. En una visión de hacer más eficiente la gestión pública; entendimos que Agesic era un área importante. Yo me encontré allí con un equipo de gente muy capaz que tiene muy claro cuáles son sus responsabilidades y fue muy fácil el trabajo durante ese mes. Pero cuando se vio el impacto que estaba teniendo no solo en la salud de la población sino también en la respuesta que debía dar el BPS a un conjunto de demandas, en una conversación que tuvimos en la Torre Ejecutiva se definió que yo viniera para aquí, que había sido inicialmente una de las opciones.

¿Qué impacto va a tener la disparada del seguro de paro y el subsidio por enfermedad en las finanzas del BPS?
Esto va a generar un gasto adicional este año que va a provenir de Rentas Generales, en el marco de esa asistencia que nosotros recibimos para otros programas. El Ministerio de Economía ha dicho que la plata va a estar. No estamos hablando del Fondo Coronavirus, estamos hablando de otras fuentes de financiamiento que el país siempre ha tenido para cumplir con las obligaciones de todos los programas puntuales.

¿Lo perciben como un gasto puntual de este año?
Va a ser un gasto adicional este año, que va a tener un correlato después, que no sé si será con emisión de deuda o con organismos multilaterales. Es como si viniéramos en la carretera, un lomo de burro, y seguimos. Todavía no sabemos los plazos, pero pensamos que estaríamos retomando la actividad y volveremos a los temas que teníamos en agenda de la seguridad social.

Tenemos un escenario de subdeclaración y de informalidad. Ambas cosas tienen una respuesta diferente.

La llegada del coronavirus aumentó la certificación, pero el control del subsidio por enfermedad ya venía siendo cuestionado. ¿Cómo se pueden aumentar los controles? 
Cuando asumí, que fue una actividad a puertas cerradas por temas sanitarios, yo mencioné que tenemos una agenda de un conjunto de ideas para mejorar la eficiencia del BPS. Repasando ese documento, el primer punto que tiene es el subsidio por enfermedad. Se trata es de recuperar algunos instrumentos que fueron pensados en un comienzo y que no se aplicaron. Una auditoría de estas certificaciones, no tipo policial sino por muestreo. Seleccionar casos a través de inteligencia artificial y ver si una persona se certifica siempre antes de Semana Santa, por ejemplo. Ese tipo de cosas permite identificar un uso inapropiado de un beneficio, que está pensado para una persona enferma. Esto ya se pensó, pero no se hizo. Se promovió una reforma de las competencias del Fondo Nacional de Recursos, lo que llevó a que durante tres años no se auditaran las certificaciones, y la gente comprende rápidamente cuando hay debilidades en los controles. No hay que mirar estos temas con un enfoque de obsesión, sino administrativo, creemos que los prestadores de salud nos van a ayudar en esto. Uno no puede tener una persona con una certificación prolongada y luego ir a ver que no se le hicieron una serie de estudios. La idea es estar en contacto con los prestadores para que nos ayuden.

¿Es posible aplicar inteligencia artificial?
Es posible. Uruguay fue a un modelo en el que el prestador de salud es el que realiza la certificación, pero eso estaba complementado con una serie de medidas de auditorías que no se aplicaron. En otro organismo público, no voy a decir cuál, su servicio de salud hizo auditorías y bajaron las certificaciones un 60%. Como eso era con una licitación, hubo un tema más ideológico y se esperaron tres años para que el Fondo Nacional de Recursos hiciera las auditorías. Cuando se instalan ciertos hábitos es muy difícil revertirlos; no es imposible, nos va a llevar un tiempo, pero en eso contamos con el apoyo de los prestadores de salud para dar directivas más claras a su personal médico. Este tema y otros más llevaron a que en la integración de la Junta Nacional de Salud, el representante del BPS pasa a ser el presidente. Esto es nuevo.

El programa del Partido Nacional dice que la reforma de 2008 desestabilizó al sistema de seguridad social ¿Está pensado revisarla? ¿Cómo?
Sí. Acá hablamos de una cosa que se conoce como comunicado 42. En una época acá la gente venía, declaraba y después se sacaba una resolución que decía que todo lo que se declaró estaba bien. Eso generó jubilaciones de gente que nunca había trabajado. Cuando aparece la historia laboral, en 1996, empieza a construir información fiel sobre una persona que está siendo empleada y tiene un aporte. Lo anterior a 1996 todavía seguía en aquella nube. El BPS se dio un conjunto de instrumentos para ver qué había pasado antes de 1996. En eso, incluso la práctica administrativa llega a que si alguien viene con servicios solo previos a 1996 se estudie detenidamente. En 2006, con el primer directorio del FA, se saca una resolución donde dice que en determinadas circunstancias los servicios que se declaren anteriores a 1996 se darán por probados, a menos que el BPS genere pruebas en contrario.

El espíritu se entiende, había mucha gente que estaba en negro en empresas de muy baja formalidad. Pero creo que el BPS ya tiene todo un sistema de declaración que prevé esas situaciones. Hay toda una lógica que ahora fue sorteada a través de esta facilidad de declaración que se engancha con la flexibilización de la ley 18.395. Fue una sinergia entre un tema administrativo y un tema legal. Se dice “esa ley la votaron todos los partidos”, pero el Parlamento tomó una decisión basado en una proyección que luego fue ampliamente superada. Pasamos de 10 mil altas anuales a 30 mil altas anuales, y la mayor parte se da en la afiliación rural y el servicio doméstico, que es donde había mayor informalidad antes de 1996 y por eso digo que se retroalimentan las dos cosas.

Hubo un efecto de mejora en la formalidad, pero no hay ninguna política a la que yo le pueda adjudicar más responsabilidad en eso que la historia laboral.

Esa decisión se tomó en el límite de lo que se podía, había elecciones. Esto, que permitió un enorme acceso a la jubilación, puede haber tenido un efecto político, pero yo creo que esa ley lo que hizo fue acelerar un proceso de desbalance. La revisión de la reforma de 1996 estaba prevista para 2030, esto nos hizo acelerar diez años esa revisión. 

La informalidad volvió a estar sobre la mesa en estos días. Más allá de que Uruguay está entre los países con menores índices en América Latina, en una situación como la actual mucha gente quedó desamparada. ¿Cómo se puede mejorar ese tema?
Hubo un efecto de mejora en la formalidad, pero no hay ninguna política a la que yo le pueda adjudicar más responsabilidad en eso que la historia laboral. La gente es inteligente, se da cuenta de los instrumentos y de cómo funciona. Comprendió que si no tenía su aporte le iba a costar jubilarse.

Pero también hubo una ampliación de la cobertura en estos años.
Hubo otro factor. Un factor de mejora en las condiciones laborales y de salario, eso sí. Pero si solo eso bastara, no tendríamos el problema que tenemos hoy de la subdeclaración del servicio doméstico. Una persona que trabaja en cuatro hogares, si le va muy bien aporta por dos. Tenemos un escenario de subdeclaración y de informalidad. Ambas cosas tienen una respuesta diferente. Si a mí me llega la factura todos los meses y la pago en Abitab, es más fácil pagar para mí. Simplificar ayuda. Cuando es fácil cumplir, la fiscalización tiene que hacer lo que falta. Todos podemos saber más o menos dónde es que se da esta situación con mayor frecuencia. Le tenemos que mandar una carta a la gente de determinadas zonas del país que diga “usted no ha declarado ninguna persona que trabaje en su hogar” y que la persona diga “voy a empezar a aportar”. 

¿Avisarle a la gente antes de fiscalizar?
Un aviso. Los sindicatos tienen un rol importante en generar conciencia y asociar el alta de la seguridad social con la cobertura de accidentes de trabajo. Se hizo mucho, pero han quedado en evidencia ciertas situaciones de falta de protección, se ve en la calle.
 

La edad de retiro se plantea como una controversia feroz y resulta que cuando hoy la edad de jubilación mínima es de 60 años, en el BPS la gente se jubila en promedio a los 64. Saquémosle dramatismo.

Mieres hablaba el otro día de repensar la protección social para abarcar a más gente ¿Cómo se puede avanzar?
Ese es uno los desafíos que tiene la reforma de la seguridad social, cómo llevar la protección a todos los sectores de la población.

La situación financiera del BPS no invita a incluir a más gente.
No me corresponde a mí, pero hay muchas ideas sobre cómo hacer sustentable el sistema.

¿Cuáles son esas ideas? 
Una es que pueda haber en las negociaciones de Consejos de Salarios un componente de programas de seguridad social que integre el acuerdo entre ambas partes. Donde haya una ganancia mutua. Esas ideas las he escuchado de las personas que están pensando en los sistemas posibles de futuro y creo que es parte de la comisión de expertos que está en la LUC.

¿Cómo se ejecutaría esa idea? 
Cuando una persona va construyendo su historia laboral, puede haber aportes propios de la historia laboral y aportes complementarios acordados entre las partes que generen fondos extras. Hay países que tienen esos modelos. Todo va orientado a que el Estado asegure un mínimo de cobertura. No es la renta básica universal, pero sí que el Estado garantice un mínimo de cobertura. 

¿Pero la reforma tiene que tocar variables como la edad de jubilación y la tasa de reemplazo?
Todas las variables están sobre la mesa. El sistema de financiamiento, si es con un pilar de reparto, con uno de capitalización, si hay un tercer pilar de ahorro voluntario o acordado en el marco de la relación laboral. El tema de la edad de retiro se plantea como una controversia feroz y resulta que cuando hoy la edad de jubilación mínima es de 60 años, en el BPS la gente se jubila en promedio a los 64. Saquémosle dramatismo. También tendremos que ver las altas por incapacidad. Y ahí es muy controversial.

La persona viene y dice: “El médico me dijo que no puedo trabajar más”. El médico razonablemente puede estar convencido de que esa persona no puede trabajar porque sabe que trabaja parado, pero cuando llega a una junta médica hay todo un tema técnico por un decreto que regula las patologías y de repente no se le da el beneficio. Ahí hay una cosa que se planteó pero nunca se desarrolló, que es la recapacitación y reasignación de puestos de trabajo. Una cosa es que un trabajador de la construcción esté haciendo un trabajo de fuerza y otra cosa es que le enseñen a operar una niveladora, que se maneja como si fuera un videojuego.

Un viejo conocido