Profunda crisis en el diálogo de paz entre las FARC y Colombia

Ruptura. El secuestro de un coronel revela que las partes manejan diversos criterios difíciles de conciliar

A dos años del inicio del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, y en un contexto de más apoyo popular a las conversaciones que se formalizan en La Habana, estalló una suerte de granada de fragmentación con el primer secuestro a un brigadier general del Ejército por parte de la principal fuerza guerrillera del país. La metralla se dispersó no solo en la mesa de negociación, sino también en el interior del gobierno que preside Juan Manuel Santos y en el propio sistema político colombiano.

Un estudio de opinión pública de Gallup Colombia, difundido el viernes 7, había revelado que para el 62% de los encuestados la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en el país es insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz. En agosto, el 56% de los consultados creía en una salida negociada al conflicto. De igual forma había aumentado el número de personas que aprueban el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera dialogar con las FARC. En la última encuesta, el 66% respalda esa decisión (hace dos meses era el 59%). En tanto, los que están en desacuerdo bajaron del 39% al 33%.

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El politólogo Fernando Giraldo cree que el aumento del apoyo a las negociaciones de paz está asociado a la percepción en la opinión pública colombiana de que “las cosas van en serio y que la guerrilla le está apostando al proceso de paz”.

Pero 10 días después, el escenario parece ser otro muy distinto por el secuestro del brigadier general Ruben Alzate, junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, durante un desplazamiento de civil para la supervisión de un proyecto energético en el departamento de Chocó, una zona selvática en el noroeste del país, fronteriza con Panamá, en donde las FARC se mueven a sus anchas y donde también operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales. Es una región muy pobre con un Estado ausente.

El domingo 17 el presidente Santos decidió suspender las negociaciones con las FARC, exigiendo a este movimiento guerrillero la pronta liberación de los secuestrados como prueba de su voluntad de alcanzar la paz.

“El compromiso de las FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación”, dijo un enérgico Santos en cadena nacional el lunes 18, reiterando que “mientras esta situación no se solucione”, los negociadores del gobierno “no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones”. Ese día estaba previsto un nuevo viaje del grupo de negociadores del gobierno a La Habana.

Las FARC confirmaron luego el secuestro por parte del Frente 34 del Bloque Iván Ríos, un comando guerrillero famoso por sanguinario y que tiene vínculos con bandas criminales. Asola a la población mediante secuestros, extorsiones y bombas en comercios de la zona. Y a renglón seguido pidieron que se reanuden las negociaciones en La Habana.

Un cortocircuito

El secuestro de Alzate ha dejado en evidencia diferencias entre el equipo negociador de Santos y las autoridades del Ministerio de Defensa. Por lo menos hubo dos hechos que mostraron cierto cortocircuito: el mismo domingo 17, el presidente pidió explicaciones por su cuenta de Twitter acerca de cómo es posible que un experimentado militar se mueva en una zona de alto peligro con vestimenta de civil y sin respetar el protocolo de seguridad; luego, el mandatario se reunió por separado con los mandos militares y el equipo negociador, y la decisión de suspender el viaje a La Habana la tomó luego de escuchar a las fuerzas castrenses.

“Casi desde que comenzó el proceso de paz, en el gobierno se han manejado dos lenguajes: el de los negociadores de paz y el del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que parece más bien un crítico de la política de paz del presidente que uno de sus funcionarios principales”, dice la sillavacia.com, un prestigioso sitio de periodismo de investigación con sede en Bogotá.

¿Cese al fuego bilateral?

Además, volvió a plantearse un viejo reclamo guerrillero del que desconfía el gobierno de Santos: el cese al fuego bilateral. Uno de los jefes insurgentes, Pablo Catatumbo, dijo en estos días que “mientras continúe la confrontación, se van a presentar hechos como este e incluso más graves”.

Y ayer, otro guerrillero, Iván Márquez, dijo que “no es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales”.

El gobierno se niega a un cese bilateral de las armas con el argumento de que la única forma de negociar es con unas Fuerzas Armadas con poder de fuego. Las FARC, según el gobierno, aprovecharían esa eventual medida para fortalecerse militarmente.

Otro argumento, que se suma a las malas experiencias durante otros procesos de paz, lo explicó ayer la revista Semana en su sitio web: la férrea oposición de un “amplio sector de los militares”, además del expresidente Álvaro Uribe, su principal opositor. Ellos creen que “sin la presión militar, lo que hacen las FARC es imponer aún más lentitud, marchar sin prisa, ganar tiempo, lo que llevaría a que el proceso fuera indefinido en el tiempo con sus negativas consecuencias para el país”.

Los grandes medios colombianos daban como un hecho ayer que el brigadier general Alzate sería liberado en los próximos días (ver recuadro).

Si ello ocurre, entonces se sortearía la mayor crisis del proceso de paz en dos años, pero ambas partes deberán trabajar con celo en cicatrizar una herida que caló hondo.

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