Proponen que BCU reciba datos que identifican a los accionistas

Lorenzo recibió este miércoles a líderes de la oposición y legisladores del Frente

El ministro Fernando Lorenzo (Economía) entregó ayer a los líderes de la oposición el anteproyecto de ley por el cual se establece cómo se procederá a conocer la identidad de los propietarios de acciones.

El texto propuesto por el gobierno –y al que accedió El Observador– impulsa castigar con hasta tres años de penitenciaria el tráfico ilícito de la información que deberá resguardar la Auditoria Interna de la Nación.

En el encuentro realizado ayer de tarde en el ministerio de Economía, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) propuso que sea el Banco Central, y no la Auditoría, quien custodie la identidad de los propietarios de acciones y títulos. Poco antes, el líder colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) mencionó que los escribanos podrían cumplir esa función. La propuesta de Larrañaga tuvo aceptación de los demás participantes mientras el ministro Lorenzo comentó que “se apoyará la mejor opción”, según comentaron a El Observador fuentes de Economía. De hecho los técnicos del Ministerio ya habían considerado esa alternativa.

Fuentes del Banco Central dijeron que la institución tiene la infraestructura como para llevar adelante esa tarea.

De la reunión participaron, además de Larrañaga y Bordaberry, el presidente del Directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber; por el Partido Independiente, Pablo Mieres e Iván Posada; y los legisladores frenteamplistas Alfredo Asti y Héctor Tajam. Lorenzo estuvo acompañado por tres técnicos que trabajaron en el tema.

La idea del gobierno al iniciar esta ronda de consulta es aceptar sugerencias pero pidió rapidez en la devolución porque la intención es remitir el texto al Parlamento antes de Semana Santa.

Participantes de la reunión contaron a El Observador que Lorenzo planteó la necesidad de aprobarlo “al menos por una de las cámaras” antes de la próxima revisión de abril de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se decidió incluso que el proyecto ingrese por Diputados, ya que los senadores están abocados a la discusión de cambios tributarios.

La modificación en el régimen societario uruguayo fue una exigencia de la OCDE que había colocado al país en una lista donde figuran los poco cooperantes en materia de transparencia tributaria.

Lorenzo dijo a la prensa que el texto propuesto “establece restricciones y garantías para que la información sea utilizada de modo adecuado y para el cumplimiento de los fines que la ley establece”. En el artículo cuarto del anteproyecto, se especifica que sólo accederán a los datos la Dirección General Impositiva (DGI) cuando esté en marcha una actuación inspectiva; la Unidad de Análisis e Información Financiera del Banco Central del Uruguay; y la Secretaría Nacional Antidrogas por su trabajo para evitar el lavado de activos. También podrán solicitar los datos las sedes penales del Poder Judicial.

El diputado Alfredo Asti señaló a El Observador que se aclararon los límites que tendrá Uruguay al momento de identificar a los dueños de las acciones de empresas del exterior que operan en Uruguay. Otro punto acordado es que estarán excluidas de informar las empresas con capital abierto en bolsa.

El senador Heber mantuvo una actitud más crítica hacia el gobierno y cuestionó que “ceda todo el tiempo a presiones de la OCDE”. “El gobierno cree está ante el último sopapo y siempre viene otro”, dijo. Heber también afirmó que “no hay forma de que Uruguay sea comparado con San Marino” y criticó a la cancillería por no prevenir la acusación al país de paraíso fiscal.

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