Proyecto apoyado por todos los partidos reserva 30% de la publicidad oficial al interior
La iniciativa, surgida de Cainfo en 2015, es "complementaria" de la ley de financiamiento de los partidos
La comisión de Legislación de la Cámara de Diputados retomó en las últimas semanas la discusión del proyecto de ley que regula la publicidad oficial, una iniciativa presentada en 2015 por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), aprobada en general a fines de 2016, pero opacada el año pasado por el tratamiento del nuevo código de proceso penal.
El texto, que da un marco jurídico a la asignación de publicidad por parte del Estado, cuenta con el visto bueno de todos los partidos y es "complementaria" a la ley de financiamiento de los partidos políticos, al establecer límites al uso de la
publicidad durante el período electoral, según dijo a
El Observador el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Por otra parte, el proyecto establece una reserva del 30% de la torta publicitaria para medios del interior, que hoy en día reciben un porcentaje marginal. El 17 de febrero de 2016, el experto en medios y representante de Cainfo, Gustavo Gómez, dijo ante la comisión que el reparto de publicidad en la actualidad es "de 95 a 5 entre medios de Montevideo y el interior".
Definiciones y prohibiciones
En primer lugar, el proyecto define la publicidad oficial como "una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de
comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos civiles de los beneficiarios de las mismas o las personas en general".
En ese sentido, se prohíbe expresamente la "utilización de publicidad oficial como subsidios encubiertos" a los medios de comunicación, así como "las donaciones de cualquier especie que realicen los organismos públicos a los medios".
Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, el proyecto "se complementa" con algunas disposiciones de la ley de
financiamiento de los partidos políticos, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, se prohíbe la utilización de la publicidad "para fines propagandísticos de los partidos políticos que participen en el gobierno ni para hacer referencias a las campañas electorales de cualquier partido político". También "queda prohibido incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos".
Por otra parte, no podrá realizarse publicidad oficial en los treinta días previos a las elecciones internas, las elecciones nacionales y las departamentales; en el caso de una segunda vuelta en la elección nacional, la prohibición es en los quince días previos. Queda exceptuada de esa prohibición la publicidad "emanada de las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones e información a la población, o en caso de emergencia debidamente fundada".
Reserva para el interior
El otro aspecto central del proyecto es el establecimiento de "criterios" para la asignación de publicidad oficial. Por ejemplo, se dispone que los organismos deberán fundar sus resoluciones de acuerdo a distintos parámetros, como "la relación entre la campaña y la población objetivo", las mediciones de "audiencia, rating, tiraje y lectoría", así como el "precio de la pauta publicitaria ofrecida por el medio".
Con esos criterios como base, el artículo 10° del proyecto establece que "deberá destinarse al menos 30% del monto total asignado de la publicidad oficial de los organismos de alcance nacional en medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción focal que estén radicados en localidades del interior".
El 4 de mayo de 2016, una delegación de Andebu planteó que es necesario precisar cómo se distribuye ese porcentaje. "Creemos que este porcentaje habría que especificarlo un poco más, porque en el sentido primordial se debe complementar. Hay campañas que son nacionales y otras que son puntuales, según la territorialidad de la campaña", dijo en aquel momento el dirigente de Andebu, Alejandro Ravazzani. "Hubo una campaña que se llamó "Dunas sin Ruedas" y creo que va dirigida a nuestra costa. ¿Cómo actuaría en ese escenario el 30% cuando se trata de diferentes lugares del país?", preguntó.
Según el diputado Abdala, se está trabajando para precisar ese artículo y una opción que se maneja es formar una subcomisión para mejorar la redacción del proyecto y luego analizarlo en el conjunto de la comisión.
Sin nuevo organismo
En el proyecto original de Cainfo se creaba una nueva unidad para la gestión y el contralor de la asignación publicitaria. Sin embargo, durante la discusión en la comisión, los diputados concluyeron que es preferible no inventar un nuevo organismo, aunque todavía no está definido qué institución será la responsable.
Las opciones que se manejan son el Tribunal de Cuentas o la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.
