Puerto: Montecon inició demanda contra el Estado por contrato con Katoen Natie

Además, desde Montecon denuncian un conflicto de intereses, ya que entienden que el contrato brinda "una serie de privilegios" a TCP, conformada en un 20% por el Estado, y 80% por la empresa belga Katoen Natie. "A través de estas medidas el Estado de Uruguay interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer a Terminal Cuenca de Plata S.A", declara la portuaria chilena.

La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. 

La empresa asegura que se llegó a este punto debido a "la ausencia de un diálogo tendiente a resolver las situaciones que afectan a Montecon", por lo que se inició el "mecanismo de solución de conflictos previsto en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones celebrados por la República Oriental del Uruguay con Chile y Canadá" (los dos países donde Montecon tiene capitales). Para este mecanismo se considera recurrir a un arbitraje internacional.

El contrato entre el Estado y TCP fue firmado el 25 de febrero de 2021, y extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores a la empresa –ya concesionaria del lugar desde el 2001– hasta el año 2081. En los términos se afirma que ninguna otra empresa podrá atender barcos portacontenedores ni se otorgarán las licencias para una nueva terminal "salvo que los movimientos de contenedores en TCP superen el ochenta y cinco por ciento (85%) de la capacidad anual de la Terminal por dos años consecutivos”, indica el texto.

Con estos términos Montecon fue desplazado de la terminal especializada, y desde el principio denunció públicamente a ANP, Katoen Natie y el gobierno por los términos del contrato y su firma directa. La postura del gobierno siempre fue que la empresa chilena operaba de forma irregular y alejada de los términos de la concesión del 2001, por lo que si no renovaba los términos temían una posible demanda multimillonaria de Katoen Natie.

El Tribunal de Cuentas avaló el contrato entre el Estado y TCP, pero cuestionó el accionar de Juan Curbelo, presidente de ANP, quien no consultó al directorio del organismo estatal antes de firmar el acuerdo.